Rutas: a un año de los peajes K

A un año de la nueva concesión de los peajes en las rutas nacionales, la primera realizada por el actual gobierno nacional, el Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia) denunció que el presidente Néstor Kirchner continuó "con el sistema perverso de falso peaje implementado en 1990 por el ex presidente Carlos Menem".

En un informe, la Cadia historió sobre el proceso de concesión del servicio de mantenimiento de rutas nacionales. En ese sentido, recordó que en 1990 se concesionaron aproximadamente 8.000 kilómetros de rutas nacionales, "a través de un sistema de peaje para mantenimiento, inédito en el mundo, y por el cual todos los usuarios viales teníamos que pagar para poder circular por caminos ya construídos con nuestros impuestos", en lo que fue "un excelente negocio para algunas empresas constructoras, cuya única inversión fue colocar sólo las cabinas de peaje".

Luego, entre 1991 y 1992, el ex ministro Cavallo renegoció los contratos, disminuyendo las tarifas, extendiendo los plazos de concesión y transformando el canon que cobraba el Estado en un subsidio a las empresas. El estudio recordó que los subsidios superaron los mil millones de dólares.

La Cadia señaló que "este gran negocio para los concesionarios viales agrupados en el Club del Peaje tenía fecha de finalización el 31 de octubre de 2003". Pero la administración Kirchner, "sin debate ni análisis, y sin escuchar a los usuarios viales, decidió continuar con el sistema de peaje, lanzando una nueva licitación para el mantenimiento de los 8.000 kilómetros, por cinco años más".

Estos "nuevos contratos", entre otras cosas, mantienen las tarifas anteriores, pero serán reajustables. Las empresas ya no tienen la obligación de hacer obras porque las hará el Estado y los nuevos concesionarios sólo cobrarán el peaje. Además, con el fin de "no alterar la ecuación económica-financiera de las empresas", se podrá reducir el canon o pagarles una subvención.

"Cabe señalar que atrás quedaron las declaraciones en cuanto a que las empresas que no habían cumplido con los contratos anteriores, no podrían participar de esta nueva licitación: de las seis adjudicaciones, cuatro recayeron en concesionarios de la etapa anterior que no cumplieron con sus obligaciones, y una quinta fue realizada al operador de los aeropuertos que le debe al Estado más de 350 millones de pesos de canon", señaló el informe.