Las privatizadas recibieron una propuesta para los contratos

El gobierno nacional comenzó a cursar a diversas empresas concesionarias de servicios públicos privatizados, particularmente del sector energético, su propuesta de renegociación de los contratos, que resultaron suspendidos por efecto de la Ley de Emergencia económica y social dispuesta en enero de 2002, y prorrogada hasta el 31 de diciembre próximo.

Las propuestas fueron elaboradas por la Unidad Renegociadora de los Contratos (Uniren) conformada por funcionarios de los ministerios de Economía y de Planificación Federal y plantean un criterio general de mantenimiento del actual esquema tarifario para lo que resta del año, modificaciones a la suba a partir del 2005 y un rediseño definitivo de las pautas contractuales para el largo plazo.

Ya sea por convicción o por la necesidad de enviar una señal al FMI de que se está trabajando en este tema, el gobierno pareciera decidido a avanzar en el cierre de los nuevos contratos, redefiniendo políticas tarifarias e inversiones para mejorar y expandir los servicios.

La renegociación de los contratos es un compromiso asumido por la administración Kirchner ante el Fondo, y en principio la cuestión debía haber concluido el 30 de junio.

Fuentes del sector energético admitieron haber recibido la propuesta, pero prefirieron no formular precisiones sobre su contenido.

Luego de varios meses a la espera de alguna señal de recomposición de la ecuación económica post devaluación, las compañías distribuidoras de gas natural por redes, y también de las transportadoras de energía eléctrica, recibieron las respectivas propuestas, y es intención gubernamental que formulen sus respuestas en un plazo de 10 días hábiles.

En el caso de las eléctricas, se les estaría proponiendo un aumento de tarifas a partir de febrero de 2005, de entre 20 y 25 por ciento, en el marco de una recomposición tarifaria total hacia fines de 2007.

Por lo pronto, trascendió que esta fórmula aparece a los ojos del sector como "insatisfactoria".

Además, en el transcurso de dicho plazo, las empresas deberían cumplir ciertas inversiones obligatorias, y el gobierno contempla la realización de una audiencia pública, previa a la aprobación del convenio. Esto implica un cambio respecto del criterio aplicado hace un par de meses, en oportunidad de la negociación de un acuerdo entre el gobierno y las compañías productoras de gas por la recomposición en etapas del precio del fluido en boca de pozo.