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 domingo, 28 de octubre de 2007  
Funcionarios implicados en un misterioso homicidio

Buenos Aires.— Tres ex funcionarios municipales del Partido de la Costa bonaerense y dos ex gerentes de una financiera fueron imputados de encubrir el asesinato de un repartidor de la empresa Arcor que desapareció misteriosamente hace seis años en Santa Teresita y que habría sido asesinado porque reclamaba una deuda, aunque nunca apareció su cuerpo.

Los acusados serán indagados mañana por el fiscal de Dolores Diego Escoda. La víctima, Rubén Darío Jerez, era repartidor de Arcor y empleado de Comprar SRL, una financiera de Santa Teresita.

El 25 de octubre de 2001, a las 8, Jerez salió de su casa en su Ford Fiesta gris, levantó dos pedidos para Arcor y estacionó de contramano frente a un local para cobrar una deuda.

Al salir conversó con un joven que, según testigos, es Alejandro Muñoz, directivo de Comprar SRL y uno de los imputados. Luego subió a su auto y esperó una hora, hasta que detrás estacionó un Renault Laguna con dos hombres a bordo. Nunca más se supo de él.

Señales. “Sin perjuicio de que el cuerpo no fue hallado existen indicios suficientes para tener por acreditado que ha sido víctima de privación de la libertad y homicidio”, afirmó el fiscal al ordenar las indagatorias.

Si bien no pudo determinar quién mató a Jerez, acusa de encubrir el hecho a Jorge Grande, ex secretario de Gobierno del municipio del Partido de la Costa; a Daniel López, ex concejal, y a Cristian Ibarra, ex director de Inspecciones. Los tres estaban relacionados con la financiera a la que Jerez reclamaba la deuda. Se los acusa de haber obligado a un hombre con problemas mentales a declararse culpable del asesinato. Otro de los imputados es Muñoz.

El quinto acusado es el encargado de la financiera, Carlos Subirol. Se le endilga haber sustraído objetos del auto de Jerez y luego avisarle a la esposa que había hallado el vehículo.

Un ex empleado municipal declaró que escuchó a Grande decir: “Con Jerez se nos fue la mano: la intención no era matarlo sino asustarlo” y que lo habían tirado “en la ría de Ajó” (un curso de agua).

El testigo dijo que el asesinato se produjo porque Jerez tenía cheques de la firma que le debían pagar y, como los presionaba, lo tuvieron que “apretar” para que los entregara.

Los investigadores descubrieron en la financiera una operatoria de cheques “en negro” cercana a los 800.000 pesos. (Télam)


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