La provincia asegura que va a liberar la plaza

Un juez la había intimado junto con la Municipalidad. Por el frío, en las noches quedan sólo hombres

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, aseguró ayer que la provincia “dispondrá medidas y acciones en común” con la Municipalidad para cumplir con la resolución del juez Civil y Comercial Nº15, Carlos Cadierno, quien fijó un plazo de cinco días para despejar la plaza San Martín, escenario de un prolongado acampe en demanda de asistencia social por parte de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y otras organizaciones.

En tanto, durante una reunión con representantes del Arzobispado de Rosario, que oficia de mediador, la CCC hizo una contrapropuesta consistente en elementos de abrigo y calefacción en caso de no obtener los reclamados materiales de construcción. Alejandro Goldberg, subsecretario de Promoción Comunitaria de la provincia, confirmó a La Capital que mantuvo contactos telefónicos con los hombres de la Iglesia: “Nos pidieron que marcásemos líneas de trabajo y quedaron en recibir una respuesta por parte de los manifestantes”.

Otras fuentes consultadas por este diario dieron cuenta de que el vicario general, monseñor Emilio Cardarelli, les propuso a los manifestantes incorporar a lo ofrecido previamente garrafas y demás elementos para paliar el frío, instancia que fue rechazada por la CCC. Las reuniones continuarán hoy.

Detonante. Cadierno, por su parte, hizo lugar a un recurso contencioso administrativo presentado por una vecina del Paseo del Siglo, al invocar que la situación generada en torno a la plaza constituía un quebrantamiento de la ley provincial Nº 10.000, más conocida como de “protección de intereses difusos” (ver aparte).

El magistrado también dispuso que se envíen copias de las actuaciones al Juzgado de Faltas en turno para realizar la investigación penal correspondiente. La medida cautelar fue solicitada por María Lucrecia Ure, una vecina que vive a media cuadra de la plaza.

La mujer hizo la presentación el 25 de julio pasado.En el escrito, planteó que la Municipalidad y el gobierno provincial deben preservar el espacio público y que el campamento montado por los manifestantes genera trastornos a todas las personas que viven en el lugar o deben transitar por la zona.

Por el sorteo de rutina que se realiza en el fuero civil y comercial, la presentación recaló en el Juzgado Nº14, a cargo de María de los Angeles Lotti, quien se excusó de intervenir porque también vive frente al paseo.

Entonces el planteo recayó sobre Cadierno, juez que seguía en el orden inmediato de nominación. En el expediente la denunciante aportó varias fotografías panorámicas de la plaza y detalles de la protesta que protagonizó —en su momento— un grupo de cartoneros sobre Santa Fe y el sector del acampe.

A su turno, Eduardo Delmonte (líder de la CCC) habló de un leve avance en la negociación, aunque ratificó la continuidad de la protesta con una nueva modalidad por las bajas temperaturas: anoche sólo permanecían en la plaza los hombres y los jóvenes, ya que las mujeres y los niños retornaron a sus hogares.

Acerca del pedido del juez, Delmonte aclaró que “no menciona la palabra desalojo” sino que apunta a que la provincia y el municipio cumplan su función. No obstante, el clima se enrareció con la denuncia de la CCC sobre la desaparición de un adolescente que estaba en la plaza (ver aparte).

Si bien la Intendencia advirtió que la responsabilidad de un desalojo corre por cuenta de la Casa Gris, funcionarios de ambos Ejecutivos mantuvieron varias reuniones. La primera fue entre el subsecretario Legal y Técnico municipal, Dalmacio Chávarri, y el subsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Gustavo Peters.

Luego, el intendente Miguel Lifschitz se entrevistó con el secretario de Promoción Comunitaria provincial, Juan Carlos Forconi, para evaluar en profundidad las tratativas con los acampantes.

Tanto el jefe del Palacio de los Leones como su secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, coincidieron en que “la responsabilidad de la Municipalidad se vincula con la limpieza y el orden del espacio público”.

Peters subrayó como prioritario el análisis de “una salida negociada, conforme la orden del juez”, y aclaró que “siempre se trató de evitar el uso de la fuerza pública”.

Polémica. Mientras el abogado Germán Spini, patrocinante de la vecina que recurrió a la Justicia, se quejaba porque “la policía ya podría haber accionado”, el padre Joaquín Núñez, de incesante trabajo en el campo social y actual director provincial de Asuntos Indígenas, recalentó la polémica al afirmar que la CCC “amenaza” con quitarles planes sociales a los acampantes si se retiran de la plaza.

Al defender su posición, Núñez sostuvo que esas fueron las palabras que él escuchó cuando concurrió a la plaza y dialogó con las familias que hace 16 días realizan la protesta frente a la sede de la Gobernación.

Respecto de la resolución del magistrado, desde hoy (y con las partes ya notificadas) las autoridades cuentan con cinco días corridos para hacerla cumplir.

La CCC mantiene firme el acampe.