Legisladores cuestionan el proyecto para trasladar el puerto de Santa Fe

Diario Uno de Santa Fe

Santa Fe.— La denuncia sobre dudosas compras de terrenos linderos al lugar exacto donde se emplazará el nuevo puerto de esta capital fue el centro de comentarios de distintos legisladores provinciales.

   La diputada radical Mónica Peralta sostuvo que “debe frenarse el tratamiento del proyecto que envió el gobernador a la Legislatura, porque si no se estaría avalando un presunto tráfico de influencias. Sería importante que la Justicia intervenga de oficio sobre las formas en las que se desarrollaron las ventas y las compras de terrenos; quiénes estuvieron detrás; la urgencia de la Bolsa de Comercio de Santa Fe en apurar esta obra; y quiénes estaban implicados dentro del Ente Portuario a la hora de nombrar a Benito Correnti como encargado”.

   “No sé por qué, dentro de la propuesta de este nuevo puerto no surgió el estudio de otras áreas. Hoy nosotros entendemos que fueron vendidos y comprados en la oscuridad”, apuntó.

   “De alguna manera, lo que nos está diciendo la denuncia y algunos datos que manejo extraoficialmente es que todo el terreno fue preparado para que esta nueva etapa del puerto sea hacia una dirección. Hay que frenar esto, hay que investigarlo, porque obviamente está movilizando muchos intereses y no podemos permitir que ningún proyecto que salga de la Cámara de Diputados manchado por sospechas o por tráfico de influencias”, disparó Peralta.



Experiencia rosarina. La legisladora recordó que “en Rosario pasó lo mismo durante la dictadura, cuando se vendieron terrenos fiscales que terminaron siendo los más caros y exclusivos de la ciudad. Estamos en democracia, hablando de transparencia en actos de administración pública, y todavía parece que en la provincia y la ciudad de Santa Fe hay funcionarios que siguen actuando y trabajando como si estuvieran haciéndolo en la época del Proceso militar, donde nada se sabía, donde nada se iba a conocer, nadie iba a denunciar; bueno, esa época se terminó”.

   Por su parte, el diputado Hugo Marcucci sostuvo que “lo que he conocido formalmente son las operaciones inmobiliarias. De todas maneras, mientras sean de carácter legal y no haya ninguna situación particular, está bien. Pero distinto sería si se hicieron en función de buscar o encontrar privilegios o usufructuar posiciones de funciones públicas; en ese sentido, si hay elementos irregulares (en las transacciones) deberían ser investigados y esclarecidos, por un lado por el Poder Ejecutivo, y por el otro, por el Poder Judicial”.

   “Es legítimo que un privado compre o venda en función de sus intereses, pero no aquellos que son funcionarios públicos y puedan eventualmente utilizar ese cargo para obtener beneficios propios”, dijo.



Tema principal. Por su lado, el diputado Antonio Riestra consideró que “hay un tema principal: la responsabilidad del Estado como órgano de control a la hora de garantizar el proceso de licitación”.

   “Estas cuestiones —apuntó— generan suspicacias. La mayor o menor capacidad lobbista de cualquier sector privado la conocemos, sabemos que existe y existió siempre. En caso de existir algún tipo de especulación inmobiliaria, bastaría con preguntarse qué ocurrió en los últimos 30 años en Santa Fe para determinar qué se hizo no sólo con el patrimonio histórico, sino también qué se está haciendo con el puerto actualmente. Porque creo que en este caso hay algún tipo de especulación inmobiliaria”.