Dispares actitudes ante una denuncia pública

A principios de julio, el gobernador Jorge Obeid firmó y luego envió a la Legislatura el mensaje en el cual solicita autorización para tomar un crédito de 25 millones de dólares para el traslado del puerto, proveniente del Fondo de Financiamiento de la Cuenca del Plata, cuya contrapartida es un aporte local de 15 millones de dólares, generando un monto total de 40 millones de dólares para un primer tramo del proyecto.

   El 8 de julio pasado, se denunció la compra de tierras fiscales a precios irrisorios en zonas aledañas al lugar donde se emplazará el nuevo puerto. También se hizo con el presunto tráfico de influencias y otros manejos reprochables desde el punto de vista ético y susceptibles de ser investigados por la Justicia provincial en torno a este proceso de reubicación de la nueva estación fluvial santafesina.

   Las inconductas denunciadas tienen como actores centrales al ex director del Ente Administrador Portuario, Benito Correnti; al representante de la Bolsa de Comercio de Santa Fe y presidente de Adepa, Gustavo Víttori, como también a otros empresarios locales y funcionarios de la dependencia portuaria.

   En ese sentido, referentes de los bloques parlamentarios que coexisten en la Legislatura, brindaron sus opiniones al respecto. Más de 30 diputados y senadores fueron contactados para conversar sobre el tema. Las respuestas fueron variadas: la mayoría contestó, otros pidieron un plazo para expedirse; algunos entendieron que se trataba de un problema entre dos grupos empresarios vinculados a la Bolsa de Comercio —pero rescataban la seriedad de la información—, y otros decidieron apagar sus teléfonos celulares.

   Hubo casos como el senador por el departamento La Capital, Juan Carlos Mercier, quien dijo: “Por lo que yo leí (...) en cuestiones personales yo no me meto. Por lo que yo pispeo, se trata de cosas que hacen a la vida personal de los dueños del diario (El Litoral) y yo no me voy a meter”.