El difícil camino de hacer la rehabilitación pretendida

Un lugar común suele calificar de impune al sistema penal de menores. Se le reprocha cierta liviandad a la hora de sancionar a los jóvenes que cometen delitos. La condena a 16 años impuesta a Maxi por el crimen de un cadete (ver arriba) demuestra lo desacertado de esa creencia: la Justicia de menores impone condenas y el ordenamiento legal prevé que así ocurra.

   Un crimen similar a una ejecución, que causó una pérdida irreparable y provocó un profundo dolor a los padres del cadete asesinado en 2003 debe ser sancionada, entiende el juez Jorge Cartelle. No con el simple el espíritu de imponer castigo, sino para permitir que el chico sea capaz de reconocer la magnitud del daño que causó.

   Pero esa pretensión se desmorona ante la realidad de los institutos de rehabilitación de menores en la provincia donde los chicos son tutelados y de las cárceles donde esas condenas se cumplen.



Lugares indignos. En el Irar, un establecimiento denunciado por alojar a jóvenes en condiciones indignas, hace tres meses que los adolescentes son custodiados por el Servicio Penitenciario. Es el mismo instituto que en abril se cobró la vida de Néstor Salto, el chico de 16 años que se prendió fuego en su celda en circunstancias dudosas.

   No fue el único caso. El 25 de diciembre de 2004 dos chicos de 16 años, Alexis Rojas y Víctor López, murieron en un incendio en la Dirección de Asuntos Juveniles de la capital provincial. En ese lugar, otro adolescente de 16 años de apellido Cuevas apareció misteriosamente ahorcado en su celda tres meses antes.

   Fue el mismo juez Cartelle el que entonces ordenó cerrar por inhabitable el penal para chicos de la comisaría 1ª de Rosario al resolver una presentación de la Defensoría del Pueblo.

   La realidad de los lugares de alojamiento para adolescentes en riesgo muestra cruelmente otra cara: que en nombre de la rehabilitación allí se impone el castigo. En este contexto, que le compete subsanar al Estado santafesino, parece ilusorio pensar que las condiciones de rehabilitación de un joven condenado puedan cumplirse como lo exige la ley.