Rafaela en deuda con la discapacidad

Llevan a la Justicia la falta de accesos para las personas con dificultades motoras

Carlos Roberto Morán / La Capital

Rafaela.— Un discapacitado de esta ciudad solicitó a la Justicia que investigue si existen responsabilidades penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público —y otros eventuales delitos— por el incumplimiento de la ley que establece normas para facilitar el desplazamiento de minusválidos en edificios y espacios públicos.

   El caso fue presentado por el escritor Angel Balzarino y está en manos del juez correccional rafaelino Osvaldo Carlos, quien deberá dilucidar la situación de los funcionarios competentes en torno a la falta de adaptación a las disposiciones de la ley nacional 24.314, sancionada en 1994, de los edificios públicos.

   Los plazos otorgados por esa norma para la readecuación de los edificios y lugares públicos (incluyendo los privados) vencieron hace diez años. También determina que deben abolirse las barreras físicas que impidan el acceso a edificios y el transporte a las personas con movilidad reducida.

   Además establece que los mismos deben contar con estacionamientos reservados y señalizados para vehículos que trasladen a personas con esas dificultades, sosteniendo que “los edificios destinados a espectáculos deberán tener zonas reservadas, señalizadas y adaptadas al uso por personas con sillas de ruedas”.

   En su denuncia, Balzarino señala como “inaccesibles” a varios edificios de Rafaela, mencionando entre ellos a la Municipalidad, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la Afip, así como a distintas empresas privadas.

   El escritor manifestó a La Capital que había tomado la determinación por estar cansado de hacer reclamos desde hace varios años y que, por vivir solo se ve obligado a hacer gestiones de todo tipo y en cada circunstancia debe sufrir verdaderas odiseas.

Sugerencia. También subrayó que su presentación ante la Justicia la realizó teniendo en cuenta la reiterada sugerencia del arquitecto Claudio Benardelli, un especialista en el tema, que en las jornadas de capacitación sobre accesibilidad y diseño universal que realizó recientemente en Rafaela le aconsejó la acción judicial.

   Balzarino recordó que en 2005 el municipio suscribió un convenio con la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, por lo que considera que la dependencia pública quedó obligada a cumplir con la ley vigente .

   “Recurrí a la Justicia por estimar que, más allá de una cuestión individual, la eliminación de barreras arquitectónicas en el ámbito urbanístico involucra a muchas personas de nuestra ciudad”, expresó Balzarino en un escrito agregando que, además, es un imperativo moral.

   En su presentación, el demandante dice tener un “profundo estado de duda y desorientación”, por lo que en él “prevalece la necesidad de saber, a través del criterio ecuánime, lúcido y esclarecedor de la Justicia, si se ha infringido algún artículo de las normas vigentes en la materia”.

   Sin manifestarse excesivamente preocupado, Balzarino ratificó que recientemente y a raíz de su presentación, una persona —que no identificó— se le acercó para decirle: “Si usted sigue así, en cualquier momento van a quemarle la silla”. Apelando al buen humor, interpretó que de producirse un atentado será fácil identificar al autor o, eventualmente, se trataría de “un excelente episodio para escribir un nuevo cuento”. l

Tribunales. La Justicia investigará si hay responsabilidad de los funcionarios competentes en el cumplimiento de la ley 24.314.