El Poder Judicial y los fantasmas de la crítica

La semana pasada el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe reprendió con un pronunciamiento público a un abogado rosarino. La falta atribuida a este abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la UNR, fue expresar en este diario una objeción al desempeño de una jueza en una causa de interés público: las denuncias contra Ossola SA, la mayor agencia bursátil de Rosario, sospechada de un fraude multimillonario contra 295 inversores de la región.

   Luis Alberto Micó, que representa a un empresario que acusa a Ossola de estafarlo en un millón de pesos, no denunció el caso en el juzgado que acumula las denuncias. Al advertir tal detalle este diario le preguntó por qué lo hacía. Su respuesta fue: “El temperamento de la jueza a cargo de los casos no nos brinda confianza. Estamos ante la administración fraudulenta más grande y escandalosa en décadas en Rosario. Y en tres meses no se ha citado a declarar a los dueños de Ossola ni se les ha pedido indagatoria”.

   Tal comentario lanzó al Colegio de Magistrados a formular una advertencia por hacer “descalificaciones genéricas por los medios de comunicación en lugar de hacer uso de los recursos procesales correspondientes”. La proclama dictaminó que “debe preservarse el respeto por las decisiones judiciales y la independencia de la magistrada”, que es la jueza Alejandra Rodenas.


La boca cerrada
 Resguardada en su enunciado formal, esta consigna no es ni técnica ni neutral. Es un inequívoco aviso disciplinador. Les dice a los abogados, y por extensión a todos los ciudadanos, que mientras el juez trabaja deben hacer silencio. O, si hablan, hacerlo por la vía interna. Que, por supuesto, protege cuestiones públicas de sus incómodas resonancias.

   Desde que el fiscal Javier Di Santo imputó por el abuso sexual y crimen de Nora Dalmasso a Facundo Macarrón su defensor, Marcelo Brito, no cesó de cuestionar los pasos dados por el fiscal ni de replicar sus argumentos. Nadie del Poder Judicial de Córdoba, que se sepa, lo amonestó por eso.

   En Santa Fe las cosas no son del mismo modo. La preservación del debido proceso es un cometido justo. Pero Micó no insultó a Rodenas. La criticó. ¿Su crítica vulnera las atribuciones de la jueza para actuar según su leal saber y entender?. Es obvio que no. La magistrada no pierde independencia, ni criterio, ni herramientas para actuar en el tema. Y ante una crítica por un tema público —la mayor estafa supuesta en 20 años en Rosario con casi 300 accionistas damnificados por 65 millones de pesos como mínimo— Rodenas también puede, como hizo bien, defender públicamente su trabajo.

   Suele replicarse que objeciones como éstas enturbian el clima en el que el juez debe resolver. Pero la sociedad moderna no discurre en calma sino en conflicto. Y no es escandalizador que los temas que conciernen a la comunidad se discutan en el alboroto propio de lo que es masivo y no entre algodones. Ser funcionario público implica aceptar esa regla del juego. Aceptar que existe la presión de la crítica pública.


Ruido, mucho ruido
 No obstante esa peculiaridad de las sociedades modernas genera una notoria tensión en el Poder Judicial. Notas como la del Colegio de Magistrados parecen procurar guarecer a la actividad judicial en un cofre sellado. Lejos de la crítica. Crítica que en el sistema republicano es distintiva y lógica.

   Ni por encima ni afuera: los jueces están en la sociedad que les delega sus conflictos, los sostiene y los remunera. Una sociedad con intereses diversos ante temas que le incumben —y una estafa millonaria lo es— produce distintos puntos de vista. Produce crítica.

   Los abogados aún no dijeron nada. ¿Avalarán la idea de agachar la cabeza como súbditos de un régimen no republicano? ¿Es razonable no decir nada —o hacerlo sólo sigilosamente en un papel— sobre temas que conciernen a muchos?

   El caso Fraticelli fue muy controvertido. A lo largo del sinuoso trámite penal se produjeron numerosas objeciones a las que el sistema judicial de la provincia fue siempre impermeable. Pero parte de esa crítica sí fue acogida al final del camino. La Corte Suprema de la Nación la reconoció en un fallo que ordenó cambiar el sistema penal santafesino. ¿Habría que haber silenciado esas objeciones hasta agotar el proceso?

   La mala intención es el reprobable límite de la crítica. Sólo eso. Los funcionarios públicos, seres humanos, pueden acertar o equivocarse. De hecho: aciertan y se equivocan. Quienes integran la sociedad deberían poder pronunciarse al respecto sin merecer un sermón por ello.