Bush firma polémica ley antiterrorista

Washington. - El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó ayer una controvertida ley que endurece las técnicas de interrogatorios de sospechosos de terrorismo y permite que sean juzgados por comisiones militares, con derechos recortados para los acusados. Este paquete de medidas legales fue negociado en septiembre entre republicanos y demócratas.

El mandatario dijo que las nuevas disposiciones ayudan a salvar vidas. Se trata de "una de las herramientas más importantes" en la lucha contra el terrorismo, afirmó. A sólo pocas semanas de las elecciones al Congreso, el 7 de noviembre, la rubricación de la ley es uno de los mayores éxitos de política interior de Bush, quien se ha podido imponer en casi todos los puntos, incluso a los críticos dentro de su propio partido.

"Con el proyecto de ley promulgado, los hombres que nuestros funcionarios de justicia creen que orquestaron el asesinato de casi 3.000 inocentes enfrentarán la justicia", dijo Bush, refiriéndose a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Entre quienes se espera juzgar se encuentran Khalid Sheikh Mohammed, acusado de planear los ataques; Ramzi Binalshibh, que supuestamente iba a participar en los atentados, y Abu Zubaydah, que se supone era enlace entre Osama Bin Laden y varias células de Al Qaeda.

Sin embargo, opositores a la ley, entre ellos demócratas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y grupos de abogados, calificaron el paquete de medidas como una vergüenza para el sistema de justicia y como un cheque en blanco para el ejercicio de la tortura. Ya antes de la entrada en vigor de la ley se presentaron decenas de apelaciones contra las nuevas medidas. El paquete fue aprobado por el Congreso tras fuertes discusiones.

Según críticos como la organización Human Rights Watch, la ley permite métodos situados en la frontera con la tortura o que incluso otros países califican como tortura. Entre ellos está la privación masiva de sueño y el enfriamiento inducido del cuerpo.

La ley protege a los detenidos de los abusos más flagrantes en los interrogatorios, pero no requiere que ninguno de ellos reciba asesoría legal. También prohíbe que en nombre de dichos detenidos se presenten hábeas corpus que cuestionen su detención ante la justicia federal.