La provincia indemniza a 400 tobas intoxicados

Después de casi seis años, finalmente el gobierno provincial decidió indemnizar con mil pesos a cada una de las cerca de 400 personas -entre niños y adultos- de la comunidad toba que en diciembre de 2000 sufrieron una intoxicación masiva al consumir facturas contaminadas en comedores escolares de dos establecimientos de la zona oeste. Si bien en un principio el reclamo era por dos mil pesos para cada damnificado, ahora esa cifra se vio reducida a la mitad. Durante todos estos años que transcurrieron desde el hecho, las víctimas se manifestaron más de una vez frente a la sede del Ministerio de Educación denunciando demoras y discriminación por pertenecer a una comunidad aborigen.

Lo cierto es que el 26 de diciembre de 2000 cientos de alumnos de las escuelas tobas Nº1.333 Nueva Esperanza (Roullión al 4400) y Nº1.344 (Travesía y Juan José Paso), sus padres y hermanos comenzaron a padecer síntomas como vómitos y diarrea luego de ingerir las facturas. El cuadro obligó a derivarlos a los hospitales Zona Norte, Víctor J. Vilela, Clemente Alvarez y Provincial. Las ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) no dieron abasto y se pidió ayuda a móviles policiales y hasta los taxis. Lo cierto es que niños y adultos debieron permanecer internados hasta 15 días.

Según se confirmó luego de los exámenes bromatológicos, la crema pastelera de las facturas suministradas en las escuelas tenía microorganismos contaminantes (estafilococo). Es más, la directora y la ecónoma de la escuela Nº1.333 fueron sancionadas por vía administrativa y procesadas en sede judicial. En rigor, resultaron condenadas en primera instancia por "adulteración de productos alimenticios que causen perjuicio a una comunidad de personas".

Luego del episodio, el abogado Eduardo Faini inició un reclamo administrativo para que las víctimas del accidente fueran resarcidas, niños y adultos por igual, con una suma de dos mil pesos cada uno.

Ahora, los abogados de la provincia ingresaron al juzgado Civil y Comercial Nº14 de Rosario la homologación de un acuerdo donde el Estado se compromete a pagar alrededor de mil pesos por los daños y perjuicios ocasionados a cada uno de los afectados. En rigor, el 50 por ciento menos de lo que reclamaron en un principio.