Bigand: colonos quieren frenar desalojos

Aseguran que expulsarán a las familias que arriendan los campos que pertenecieron al fundador del pueblo

Gustavo Orellano / La Capital

Casilda.- El jefe comunal de Bigand, Patricio Erceg, y representantes de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de Mujeres en Lucha plantearon a la jueza Laura Babaya los impactos negativos que ocasionaría si procede al desalojo de arrendatarios de tierras que pertenecieron al fundador del pueblo, Víctor Bigand.

A la audiencia en el Juzgado Civil y Comercial de Circuito Nº 7 de Casilda también fueron los abogados que representan a la parte demandante, pero se excusaron de participar y debieron retirarse con custodia policial mientras eran insultados por un grupo de colonos.

Antes habían intercambiado algunas palabras con ellos, pero los chacareros no compartieron sus argumentos. "Hacemos nuestro trabajo y no depende de nosotros resolver esta cuestión", dijeron para justificar su tarea profesional. Pero los productores les contestaron que "no tienen sangre ni corazón porque saben que estos desalojos afectan a gente que lo único que pretende es trabajar".

La jueza Babaya deberá resolver si acepta o rechaza los pedidos de desalojo contra dos familias rurales interpuesto por Luis María Nicolás Alaimo, el encargado de ejecutar el testamento que dejó la hija y última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Octavia Bigand, quien falleció en Buenos Aires a los 93 años en abril de 2004.

La comuna y las organizaciones ruralistas que acompañan la lucha de los aparceros tendrán un plazo de 20 días para acreditar su interés en el caso. El problema radica en que al fallecer la mujer, Alaimo cambió las reglas de juego e imposibilitó renovar los contratos de arrendamiento a los familiares de titulares fallecidos, situación en la que se encuentran hasta ahora las dos familias que pretenden desalojar. De concretarse la medida se sentará un precedente para el resto de quienes trabajan los campos que eran propiedad de Bigand.

"Le manifestamos a la jueza nuestra preocupación porque los desalojos se iniciarían el camino para expulsar a todas las familias, causando un gran problema económico y social en el pueblo", dijo Erceg.

"Lo sorprendente de esta situación -añadió- es que se contrapone a la tradición de la señorita Bigand y su familia, que siempre renovaron los contratos a los familiares de los titulares fallecidos". En ese sentido sostuvo que "detrás de este proceso hay una clara intención de quedarse con las más de 3.500 hectáreas que pertenecieron al fundador".

Asimismo recordó que "ya ganamos la primera batalla cuando impedimos los desalojos masivos que pretendía Alaimo. Ahora tenemos que frenar su nueva estrategia que consiste en sacar a los campesinos a medida que mueran los titulares de los contratos".

"Este propósito -agregó- no se corresponde con la voluntad de la señorita Bigand, quien en su testamento manifestó, entre otras cosas, que cuando se vendan las tierras los arrendatarios tienen prioridad de compra. Si eso se estuviera respetando no tendrían que desalojar a nadie, pero Alaimo tiene malas intenciones contra estas familias campesinas que hace más de 80 años trabajan las tierras".

"Lo que tratamos de impedir es que Bigand se convierta en un pueblo fantasma como tantos otros que experimentaron la concentración de tierras en pocas manos", coincidieron en señalar uno de los abogados de FAA, Pablo Pailole, y Ana María Riveiro, militante de Mujeres en Lucha.

María Octavia Bigand dispuso en su testamento que parte del producto de sus tierras sea destinada a la creación de una fundación para ayudar a instituciones locales y atender necesidades sociales y de otra índole a nivel nacional. Si bien la institución ya funciona con sede en Buenos Aires, sólo giró 2.500 pesos para la escuela primaria, el Samco, la parroquia y el hogar de ancianos ($600 a cada uno) y una capilla ($100). "Esa cifra es insignificante si se tiene en cuenta que desde la muerte de la señorita Bigand hasta la fecha la fundación recibió en concepto de aportes por arrendamiento cerca de cinco millones de pesos", aseguraron los colonos.

Además de los dos pedidos de desalojo ya hay cuatro familias que dejaron de trabajar los campos, aunque en forma voluntaria, sin embargo los agricultores aseguran que "se fueron porque los apretaron".