Prohíben nombres de represores en espacios públicos de la provincia

La Cámara de Diputados provincial le dio el jueves pasado sanción definitiva a la ley que establece que los edificios públicos santafesinos no podrán de ahora en más llevar el nombre de represores.

Después de varias idas y vueltas, la iniciativa aprobada determina la prohibición de la "imposición de nombres a edificios, lugares públicos, establecimientos escolares y personas jurídicas" de aquellos que hayan sido o estuviesen condenados por crímenes de lesa humanidad a partir del 24 de marzo de 1976.

El Ejecutivo, además de promulgar la ley, deberá cambiar la denominación de aquellos espacios públicos que ostenten los nombres en cuestión, medida que deberán imitar los poderes Legislativo y Judicial.

En el artículo 3º, la norma invita a los municipios y comunas a realizar los cambios pertinentes dentro de sus respectivas jurisdicciones, aclarando que la misma "es de orden público".

Además, el cuerpo declaró su "solidaridad con el juez federal Reinaldo Rodríguez y la fiscal Griselda Tessio", quienes fueron amenazados en la ciudad de Santa Fe por abocarse a la sustanciación de causas vinculadas a crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.


A un mes
Paralelamente, por iniciativa del bloque de diputados del ARI, se aprobó una resolución que declara el 18 de octubre próximo, cuando se cumpla un mes de la desaparición del testigo clave en el juicio a Miguel Etchecolatz, "jornada provincial de movilización en defensa de la democracia, contra todo tipo de violencia, juicio y castigo a los represores y aparición con vida de Jorge Julio López".

El proyecto, que lleva la firma de todas las bancadas, instruye a la Comisión Permanente de Derechos y Garantías de la Cámara para que coordine con la Secretaría de Derechos Humanos provincial la realización de la jornada junto a organismos, gremios, centros comerciales, estudiantiles, partidos políticos y ciudadanos.