Reforma judicial. Un magistrado de Sentencia hizo una severa crítica a los mecanismos de recolección de pruebas

"El sistema de enjuiciamiento penal nace herido de muerte en la calle"

Para el juez Antonio Ramos, la reiterada fragilidad de las investigaciones policiales hace del ordenamiento judicial algo "débil y contaminado". Y asegura que eso lleva a que la Justicia recurra a nulidades insalvables

María Laura Cicerchia / La Capital

El punto de partida del 90% de los expedientes que se tramitan en los juzgados penales de Rosario es la investigación policial. De cara a la reforma judicial en la provincia, un juez propuso revisar ese mecanismo mediante el cual se nutre de pruebas a la mayoría de las causas penales. "Este sistema nace herido de muerte en la calle que camina la policía. Por eso es preciso modificar la estructura del proceso, pero también las condiciones y calidad de la investigación inicial", planteó Antonio Ramos, titular del juzgado de Sentencia Nº2 de Rosario.

Mientras en la provincia se debate por estos días la implementación del juicio oral -Santa Fe es el único estado latinoamericano que conserva el procedimiento escrito- el magistrado trasladó el debate hacia el embrión del procedimiento penal: las actas que instruye la policía al tener conocimiento de un hecho delictivo y las medidas de investigación que le siguen. Son esos elementos los que, al ser enviados a Tribunales, dan origen a la mayoría de los expedientes del fuero penal.

Pero esas pruebas pecan, en el mejor de los casos, de falta de idoneidad o de rigor en los procedimientos. En el peor de los supuestos, son adulteradas por razones de corrupción institucional. La difusión de numerosos casos de pruebas plantadas y sumarios amañados, práctica frecuente en los casos de gatillo fácil, dan cuenta de cuán frágil puede volverse una evidencia si su tratamiento es interesado. Por todo esto, Ramos considera que la fragilidad de las pesquisas policiales convierte al ordenamiento penal en un sistema "débil, contaminado y perverso".

"Sabemos de la calidad y honestidad de algunos funcionarios, pero también de la corrupción policial y quienes la hacen posible ofreciendo prebendas o repartiendo tarjetas. Así como hay policías que mueren en las calles, hay otros que negocian en las comisarías. Los tribunales recurrentemente deben pronunciarse sobre nulidades nacidas de la liviandad de la investigación. No siempre esos defectos se salvan y corrigen. A veces es tan fuerte el precedente de ilegitimidad que no puede subsanarse", planteó el magistrado, que lleva 30 años en la administración de justicia.

La propuesta de revisar el sistema desde el origen se engarza en el debate en curso ante al anunciado cambio del sistema judicial en la provincia. El miércoles de la semana pasada se realizó la tercera reunión de la comisión que trabaja en el Plan Estratégico Provincial para la reforma del aparato judicial. Una de las innovaciones previstas, la creación de una policía científica que dependerá directamente de los fiscales, apunta a volver más transparentes y veraces las evidencias.

El sistema de enjuiciamiento en la provincia fue puesto en cuestión hace quince días por la Corte Suprema nacional, que ordenó revisar la sentencia impuesta a Carlos Fraticelli y Graciela Dieser por la muerte de su hija Natalia, el 20 de mayo de 2000. El máximo tribunal reprochó que el esquema penal santafesino permita que un mismo tribunal intervenga en dos funciones diferentes dentro de un mismo caso.

En este proceso de cambio, Ramos entiende que el juicio oral, en efecto. mejora la calidad del proceso y facilita la averiguación de la verdad histórica. Más aún, entiende que las críticas que se formulan a ese sistema son rebatibles: "Conseguir que se dicte sentencia en las causas con detenidos dentro de los ocho meses, como ocurre en la provincia de Córdoba, es ya un motivo suficiente para alentar y reclamar la reforma. Es necesario el cambio urgente, pero también su efectividad. Es preciso modificar la estructura del proceso, pero también las condiciones y la calidad de la investigación judicial".

La propuesta hace referencia a una serie de prácticas que, por usuales, ya no sorprenden a funcionarios, abogados u operadores del sistema: "En algunos supuestos se plantan armas, en otros se ocultan, a menudo se apremia, se negocia, se maltrata no sólo a los sospechosos sino verbalmente a ciudadanos que concurren a las seccionales en procura de soluciones y hasta de simples trámites burocráticos. Suele seleccionarse qué denuncia se recibe y cuál no", enumera Ramos.

Todas estas usanzas, según señala, llevaron a algunos de sus pares a tomar ciertas precauciones como ordenar que se filmen algunos allanamientos, a recepcionar denuncias no aceptadas en sede policial, cautelar las requisas domiciliarias y regular las modalidades de los muestreos fotográficos para que un reconocimiento prematuro no haga fracasar una pesquisa. "En los magistrados campea permanentemente la desconfianza de quienes comunican inicialmente la forma en que ocurren los hechos delictivos", añadió Ramos, quien cree que esas prácticas deberían revisarse para que la nueva estructura judicial no se edifique sobre arenas movedizas.

Para Ramos, la falta de rigor e idoneidad y la corrupción afectan las actas policiales.