Editorial

Construcción de cárceles

El gobierno de la Nación decidió aportar un monto considerable de dinero

para la construcción y remodelación de penales en todo el país. Se trata de

una medida largamente aguardada que dará solución, en parte, a un problema que preocupa: la superpoblación carcelaria. La medida se suma a las acciones que en tal sentido ya impulsó el gobierno de la provincia de Santa Fe.

En una medida tan necesaria como plausible, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, autorizó girar al Ministerio de Justicia de la Nación la suma de 55.100.161 pesos para la construcción y la ampliación de cárceles en todo el país. Así lo establece el decreto 910 que fuera publicado hace pocas horas en el Boletín Oficial. Entre las cárceles que serán beneficiadas con esta medida figura la de Coronda.

  Desde hace muchos años el sistema carcelario santafesino se encuentra preocupantemente colapsado. Al incremento de la población carcelaria no correspondió una actualización adecuada en cuanto a calidad y cantidad de correccionales. La realidad muestra, por ejemplo, que todos los penales de las comisaría de Rosario se encuentran superpoblados y los detenidos viven hacinados, en condiciones indignas con el peligro que ello significa no sólo para ellos, sino para el personal policial.

  Personal policial que, por otra parte, pasó a desempeñar en muchos casos la tarea de custodio, tarea que no le corresponde, para la que no está preparado y que provoca, entre muchas otras cosas, que distraiga su propósito específico: el de custodiar las vidas y bienes de los ciudadanos.

  En este marco, no puede dejar de reconocerse que el gobierno de la provincia de Santa Fe se interesó por el problema carcelario, construyendo varios penales, como el de la vecina localidad de Piñeyro y la alcaidía de la Jefatura de Rosario, entre otros. El anuncio hecho por el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, en el sentido de que las comisarías tendrán un importante vaciamiento de detenidos, genera expectativas favorables y la medida, una vez concretada, pondrá en orden por primera vez en muchísimos años una situación harto irregular.

  Los aportes de la Nación y de la provincia para solucionar el problema carcelario no constituyen, como podría suponerse sin un análisis profundo de la cuestión, medidas carentes de importancia. Por el contrario, son profundas y relevantes. Traspasan la mera construcción de cárceles para alojar detenidos, constituyéndose en obras que forman parte de una estructura tendiente a erradicar el delito.

  En efecto, comisarías descongestionadas permitirán, entre otros logros, mejor calidad de vida para los detenidos; que los controles sean más efectivos impidiendo evasiones, y por lo tanto más delitos; menos policías dedicados a la custodia y más comprometidos con la prevención en las calles. No puede dejar de señalarse, por otra parte, que mayores comodidades en las cárceles posibilitarán mejorar el trabajo realizado por el Servicio Penitenciario en la recuperación de los convictos, trabajo que en la provincia de Santa Fe ha sido aceptablemente exitoso. Es de esperar pues que pronto se inicien las obras de construcción y restauración de cárceles, con lo se habrá de satisfacer una necesidad importante en el país.