Promueven la creación de un fondo compensador para las obras sociales

Es para equilibrar el desfasaje entre la caída del salario real y el aumento de los costos prestacionales

Patricia Martino / La Capital

La CGT de Rosario y la senadora nacional por Santa Fe Roxana Latorre impulsan un proyecto de ley para crear un fondo compensador para las obras sociales, que permita atemperar las consecuencias del desfinanciamiento del sistema de salud y mejorar la cobertura para los afiliados. A partir de una iniciativa de la legisladora, los dirigentes de la central sindical hicieron sus propios aportes y esperan ahora el próximo tratamiento del texto acordado en la Cámara alta de la Nación.

El documento de diagnóstico aportado por los dirigentes cegetistas describe cómo a lo largo de los últimos años la caída de participación del ingreso de los trabajadores en el Producto Bruto Interno (PBI) fue afectando el financiamiento del sistema de seguridad social.

Esta participación rondó entre el 22% y el 26% el año pasado, lo que implica que los asalariados percibieron 133.067 millones de pesos. De ese total, el 3% ingresa a las obras sociales, es decir unos 3.392 millones de pesos. En cambio, si la participación en el PBI fuera del 50%, como ocurrió en algún momento, el ingreso sería de 7.984 millones de pesos.

El informe también apunta la ausencia de precios de referencia debido a la derogación del nomenclador nacional, el aumento de las exigencias del sector prestador en materia de ingresos y el incremento de la tecnología médica y sus costos.

Estas apreciaciones forman parte del intercambio de ideas que los dirigentes cegetistas mantuvieron con Latorre. El proyecto original de la legisladora contemplaba la creación del fondo compensador para equilibrar el desfasaje económico de las obras sociales más comprometidas. La contrapropuesta formulada por el titular de la comisión de Acción Social de la CGT, Juan Carlos Oliveira, y el secretario de Servicios Sociales del Sindicato de Luz y Fuerza, Fabián Viera amplió la cobertura de ese fondo al conjunto de entidades y sumó nuevos temas. Así surgió una alternativa más abarcativa que será debatida en comisión en los próximos días y luego en el recinto de la Cámara de Senadores.

Las medidas más urgentes que reclaman son la actualización periódica del Programa Médico Obligatorio (PMO), la valorización de las prácticas de ese programa mediante una concertación de precios y la ampliación de la cobertura sobre medicamentos de alto costo y patologías de alta complejidad. En ese sentido, se propone realizar un estudio de costos combinando tasas de utilización y precios, asignando una partida de rentas generales que cubran esas prestaciones. La propuesta es parte de una estrategia para frenar los recursos de amparo que se presentan a la Justicia ante la falta de cobertura de determinadas afecciones.

La central sindical también propone regular la actividad de las entidades de medicina prepaga, estableciendo sus obligaciones prestacionales y ámbito de incumbencia. Buscan impedir que en forma legal o solapada capten beneficiaros de los agentes del seguro contemplados en las leyes 23.660 y 23.661.

Oliveira explicó que el proyecto de ley que llegó a sus manos contempla la creación de un fondo para las obras sociales que no puedan mantenerse económicamente pero advierte que "todas atraviesan por situaciones difíciles y por lo tanto el fondo debería ser para todas".

Por su parte, Viera dijo que sería interesante lograr "la regionalización de las obras sociales porque cada zona tiene sus particularidades".

Viera consideró que este punto debería ser contemplado en el proyecto de ley. "La Superintendencia determinó un monto que ronda entre los 35 y 38 pesos por afiliado pero esa suma es ínfima respecto delo que realmente se necesita para contar con una cobertura de salud digna", indicó.


La historia del sector
En 1969 se promulgó la ley 18.610 que dio nacimiento a las obras sociales y esto permitió que en pocos años el 80% de la población obtuviera cobertura médica. Desde sus inicios, el sistema se sustentó en tres principios básicos: el nivel de ocupación de la Población Económicamente Activa, el nivel salarial de los trabajadores y la composición etárea de la población bajo cobertura.

El equilibrio está dado por ser un sistema solidario dentro del cual el joven sostiene al adulto mayor, el de mayor salario equilibra con el menor y el sano contribuye en la cobertura del enfermo. Por eso la caída del salario real con respecto al PBI lesiona gravemente la financiación del sistema.

Entre 1970 y 1975, la participación de los trabajadores en el PBI marcó un promedio de 42,8%, mientras que entre 1976 y 1989 se redujo al 30,1%, y en la actualidad no supera el 25%. Esto generó una merma millonaria en el ingreso de las obras sociales. Como consecuencia, se estima que el sistema de seguridad social perdió 6.400 millones de dólares en concepto de salario diferido, precisa la CGT.

Además, la desregulación de las obras sociales durante la década del 90 contribuyó al deterioro del sistema. Desde la CGT local consideran que esto no brindó beneficios al trabajador sino que se utilizó para debilitar la organización sindical y entorpecer sus funciones: defender el salario, el empleo y brindar prestaciones de salud mediante aportes que en realidad son salario diferido. "Lo que busca el sistema de desregulación es la pérdida de identidad del beneficiario, hasta transformarlo en cliente de una prepaga", precisa el informe. También en los años menemistas los ingresos bajaron considerablemente debido al alto índice de desocupación y el trabajo en negro, señala el documento.

Las obras sociales quieren un fondo para cubrir prestaciones complejas.