De la Rúa y Cavallo fueron sobreseídos en la causa Correo

El ex presidente Fernando de la Rúa y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo fueron sobreseídos ayer por el juez federal Norberto Oyarbide, quien dijo que no hubo delito en la cancelación de una deuda por 30 millones de dólares contraída por el Estado con la empresa Correo Argentino SA.

Oyarbide consideró acreditado el principal argumento de defensa de Cavallo y sostuvo que, en realidad, en septiembre del 2001 el Estado fue obligado a cancelar obligaciones con la compañía postal -que era controlada por el Grupo Macri- porque un fallo de la Justicia de Chaco así lo disponía.

"A tres meses de haber sido indagado, Cavallo fue sobreseído en una causa que se ha resuelto bien y a tiempo. No es lo usual en la Justicia federal argentina, que acostumbra tener a Cavallo sometido a procesos penales" de largo trámite, dijo el abogado Eduardo Oderigo, defensor del ex ministro.

La transferencia de 30 millones de dólares al Grupo Macri generó sospechas porque, paralelamente, la empresa Correo Argentino adeudaba fondos al Estado en concepto de canon que multiplicaban casi siete veces esa suma.

Para Oyarbide, "el proceder del gobierno nacional de entonces obedeció a la decisión" adoptada por la Justicia federal del Chaco, que había dictado una medida cautelar en favor de 12 mil empleados postales que realizaban una huelga en demanda de salarios atrasados.

"Si el Estado no pagaba los 30 millones al Correo, la empresa no pagaba los salarios", subrayó Oderigo.

El 16 de junio pasado, Cavallo defendió el pago al Correo y explicó que no cancelar la deuda "hubiera sido más grave" por dos motivos: el Estado debía acatar el fallo de la Justicia federal chaqueña y, además, la huelga de empleados postales ponía en riesgo la recaudación fiscal porque la Afip utilizaba los servicios de la firma que manejaban los Macri para distribuir facturas.

Según Cavallo, el gobierno de De la Rúa intentó aplicar un mecanismo de compensación que el Grupo Macri rechazó.

Ahora Oyarbide escribió en su resolución que, debido a que la transferencia de fondos al Correo fue producto de una "decisión judicial", no corresponde "serle imputada al gobierno de entonces como un hecho antijurídico".