Análisis. Ley de financiamiento educativo

Oportunidad histórica para la educación

Un detallado informe analiza los beneficios y desafíos que plantea la norma que se discute en el Congreso nacional

"Luego de décadas de declive de la capacidad de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, el sustantivo aumento de los recursos que se propone en el proyecto marca un horizonte nuevo, capaz de generar las bases para una nueva ola de políticas educativas consensuadas en pos del mejoramiento estructural de la educación". De esta manera, el director del área de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Axel Rivas, describe y recomienda la sanción de la ley de financiamiento educativo en el documento titulado "Tiempos de inversión educativa", que dicho organismo, que desarrolla análisis y propuestas en materia de políticas públicas en diversas áreas, publicara el pasado mes de septiembre casi a la par del ingreso del proyecto de ley del ejecutivo, tras meses de consultas, en el congreso nacional.

Rivas es profesor de la cátedra de política educativa comparada en la Universidad de Buenos Aires (UBA), y autor de diversos estudios referidos al tema, entre ellos el trabajo aparecido en 2004 "Gobernar la educación: estudio comparado sobre el poder y la educación en las provincias argentinas".

"La decisión más trascendental del proyecto de ley involucra el aumento de los recursos de Educación, Ciencia y Tecnología, pasando de representar el actual 4,3 a 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2010, como forma prioritaria de inversión social. Se trata de un objetivo elogiable y alentador, que merece ser justificado explícitamente al implicar decisiones políticas importantes para los gobiernos de la Nación y las provincias", señala Rivas en el resumen ejecutivo que, a modo de introducción, encabeza el documento de análisis.

Si bien la meta de elevar la inversión educativa a los 6 puntos del PBI ya figuraba en la vigente ley federal de educación, aunque nunca llegó a cumplirse, la diferencia con esta norma radica, según Rivas, en que la nueva ley establece una fuente específica de origen de los recursos -el incremento de la recaudación del Régimen de Coparticipación Federal- y señala pautas más concretas de control e incluso de sanción frente al no cumplimiento de la ley.

"Más aún, gran parte de la ley de financiamiento educativo debe leerse como una contracara de la vaga fórmula establecida por la ley federal de educación", sentencia el autor.

Asimismo, el estudio marca que la magnitud de la nueva asignación de recursos se constata, por ejemplo, al comparar la posición actual de la Argentina frente a los demás países en un indicador social específico: si en la última medición oficial de la Unesco (año 2003), la Argentina ocupaba el puesto 67 entre 102 países en el porcentaje del presupuesto educativo frente al PBI, de cumplirse la nueva ley pasaría a ocupar el puesto 27 de ese mismo ránking.


Desafíos pendientes
Por otra parte, la ley de financiamiento modifica también, según Rivas, los esfuerzos que tanto la Nación como las provincias realizan en función del mantenimiento presupuestario del sistema educativo. "En cuanto a las responsabilidades por lograr la meta de 6% del PBI, la división del esfuerzo financiero entre la Nación y las provincias llevaría a un aumento de la participación del Estado nacional en la distribución de la inversión educativa. Si actualmente la Nación financia el 26% del gasto educativo consolidado y las provincias el 74%, para el año 2010 la Nación podría llegar a financiar el 30% del total", detalla el informe del Cippec.

De esta manera, agrega el texto, la Nación realiza el mayor esfuerzo (en relación con su inversión actual), con el 40% del aumento del gasto educativo, mientras que las provincias "deben invertir como mínimo lo mismo que hasta ahora y asumir una asignación específica para educación que provendrá del aumento de los recursos coparticipables de los próximos 5 años y que implicará el restante 60% del esfuerzo adicional por la inversión educativa", especifica el documento, y añade que de esta manera "se postula redireccionar la distribución de los recursos estatales, privilegiando la inversión educativa y obligando a las provincias a asumir parte de ese compromiso".

Por otra parte, el estudio de Rivas expresa también que el destino de los fondos no queda definido con claridad en el proyecto de ley de financiamiento, pues la mayoría de los objetivos no tienen metas mensurables, como por ejemplo la expansión de la oferta educativa, la erradicación del analfabetismo y las mejoras laborales para los docentes.

Ante este panorama, y en continuidad con la actual estructura de financiamiento, el documento considera que la nueva asignación de recursos se sumará en parte a las actuales políticas compensatorias, y se utilizarán principalmente para la construcción de escuelas, programas de becas, proyectos de inclusión y entrega de libros de textos.

También en la contratación de nuevos docentes y la creación de un programa de compensación salarial docente para achicar las brechas salariales entre las provincias, aunque según el documento del Cippec aún quedará por resolverse el porcentaje que le corresponderá a la educación superior, cuestión que ya ha despertado el alerta de la comunidad universitaria.

Aún así el estudio del Cippec indica no sólo las implicancias concretas de los distintos puntos centrales del proyecto de ley, sino también los principales desafíos que quedan pendientes de ser debatidos.

Entre éstos, destaca tres que considera centrales para la discusión parlamentaria y social acerca del proyecto: las posibilidades concretas de cumplimiento de la ley en caso de recesión económica, para lo cual recomienda la necesidad de flexibilizar las metas en casos de excepción de no crecimiento del PBI, a fin de que los aumentos del presupuesto educativo no signifiquen recortes de otras áreas; la importancia de plantear que el verdadero origen de las desigualdades en la inversión por alumno de las provincias radica en la coparticipación, por lo cual no resulta conveniente hacer recaer nuevas definiciones sobre la base de este injusto criterio de distribución; y por último, la necesidad de especificar las herramientas para garantizar la transparencia en el uso de los recursos educativos, por ejemplo, facilitando el monitoreo de la sociedad civil de las metas establecidas.