El Ciadi con color local

La compleja resolución con las privatizadas sumó la semana pasada un nuevo capítulo, con la convocatoria a una comisión para impulsar la creación del Tribunal Administrativo de los Servicios Públicos (TASP). De competencia nacional, el objetivo de este tribunal "agilizar la resolución de conflictos entre los usuarios y las empresas del sector y así colaborar con la tarea de la Justicia". El proyecto presentado por el ministro de Justicia dispuso la conformación de una comisión para elaborar el proyecto de creación de esta instancia que, si bien será administrativa, tendrá poder de decisión sobre los conflictos entre las partes, y sólo en determinados casos su resolución podrá ser recurrida ante la Justicia.

"El artículo 42 de la Constitución Nacional consagra, después de la reforma de 1994, mandatos a las autoridades de la mayor importancia en materia de servicios públicos. Uno de ellos es el establecimiento, por legislación, de procedimientos eficaces para la solución de conflictos", señaló Rosatti, quien consideró que "no escapa tampoco a la motivación valorada para la creación del tribunal la demora de la Justicia invocada por los actuales prestadores de distintos servicios públicos como causal determinante de su decisión de acudir al arbitraje internacional, como las demandas ante el Ciadi que afronta la Argentina".

La idea es que el tribunal esté integrado por juristas, técnicos y representantes de los sectores interesados, es decir, de los usuarios, de los prestadores y del Estado. El proyecto "sólo desprende a los entes reguladores de su función denominada jurisdiccional". Ese "desprendimiento funcional" permitirá que los entes reguladores "se fortalezcan en sus funciones propias de regulación y de control".