Los reclamos contra la Argentina llegan hasta los u$s 80 mil millones

El organismo arbitral aceptó tratar 33 demandas pero las presentaciones llegan a casi un centenar

Si la Argentina pierde todos los juicios de inversores extranjeros ya aceptados por el Ciadi, tribunal arbitral del Banco Mundial, debería pagar unos 16 mil millones de dólares en indemnizaciones, un presupuesto similar al gasto de los tres poderes del Estado. Si ese organismo acepta todos los planteos presentados por un centenar de empresas y lauda a favor de ellas, ese monto se elevaría a 80 mil millones de dólares. Sólo este año, si se resuelven los tres procesos más avanzados en esa instancia, la cuenta podría ascender a unos mil millones de dólares.

Esta hipótesis de máxima, basada en la indemnización reclamada por las empresas, es la bomba atómica que el gobierno nacional intenta desactivar con una estrategia que incluye distintas variantes: la renegociación de los contratos con las empresas demandantes, la gestión oficial ante los gobiernos de los países de origen de las firmas, y el despliegue de una argumentación jurídica destinada en última instancia a recuperar la jurisdicción local en la resolución de esas controversias, impugnando la legitimidad del Ciadi.

La primera está en manos del ministro de Planificación, Julio De Vido, y seguramente derivará en el transcurso del año en un sendero de ajustes tarifarios en los principales servicios públicos, la segunda la ensayó el presidente Néstor Kirchner en sus recientes entrevistas con los jefes de Estado y de Gobierno de Francia y España. La tercera tiene como protagonista al ministro de Justicia, Horacio Rosatti, quien viene exponiendo en distintos foros internacionales las "fallas sistémicas" del Ciadi en forma paralela a la "defensa técnica" que la Procuración del Tesoro realiza en cada uno de los procesos iniciados en el marco de ese tribunal.


Récord de demandas
Aunque hay de todo, la mayoría de los planteos que han convertido a la Argentina en el país más demandado ante ese organismo de arbitraje, tienen origen en empresas concesionarias de servicios públicos que reclaman indemnizaciones y compensaciones por los efectos de la devaluación, pesificación y congelamiento de tarifas luego de la crisis de 2001.

Para Rosatti, se trata de un "juego a dos puntas" para mejorar la posición de las empresas en la renegociación de los contratos del Estado, proceso en el cual deberá, a su juicio, resolverse definitivamente el conflicto. Al margen de las cuestiones de legitimidad, jurisdicción y hasta connivencia que plantea el gobierno respecto de los procesos arbitrales, la lógica más pura del gobierno fue expuesta recientemente por el ministro de Justicia y por el propio ministro Lavagna: a nadie se le puede ocurrir que mientras el país negocia a duras penas para salir del default pueda pagar juicios que en el más extremo de los casos llegarían a 80 millones de dólares.

En esa pelea, Rosatti movió la semana pasada otra pieza al convocar a la conformación de una comisión que estudie la creación de tribunales administrativos de servicios públicos para dirimir conflictos entre los usuarios y las privatizadas, que antes de nacer ya son conocidos como los anti-Ciadi. El objetivo último es reivindicar la jurisdicción local en este tipo de conflictos y "eliminar el argumento de las empresas que dicen que recurren a los tribunales internacionales por las demoras de la Justicia".


Protección de inversiones
La mayoría de las empresas privatizadas recurrió masivamente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Controversias relativas a Inversiones (Ciadi) a partir de 2002, aunque también hay casos anteriores como el de la norteamericana Enron y la francesa Aguas del Aconquija. Este organismo funciona como una dependencia del Banco Mundial y fue creado por convenio internacional en 1966 con el objetivo de regular los conflictos legales entre inversores extranjeros y Estados. Más precisamente para interpretar en estos casos la letra de los llamados Bit's, tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones.

Argentina se convirtió en uno de los 140 países que ratificó el convenio en 1994, cuando se encontraba avanzado el proceso de privatización de Carlos Menem, y durante una década en la cual se firmaron la mayoría de estos tratados de protección de inversiones: 59 entre 1990 y 2000.

Estos tratados, que incluyen cláusulas de sometimiento a arbitrajes internacionales, constituyen una moda reciente, de los últimos 25 años en los países latinoamericanos, ávidos de atraer las inversiones de empresas extranjeras, ávidas a su vez de ampliar sus mercados. Un rápido repaso de los procesos actualmente tramitados en el organismo dependiente del Banco Mundial prevé adivinar la lógica que incentivó ese movimiento. Con excepción de unos pocos casos de demandas contra Estados Unidos, el patrón de reclamos involucra en general a una multinacional como demandante y a Estados latinoamericanos, africanos o de Europa del Este, como demandados.

Desde 2002, de todos modos, Argentina se compró todos los boletos, con 30 juicios aceptados y un centenar en estudio para ser registrados. Un caso inédito de acumulación de amarillas que "no sólo es un problema para el país sino para el propio Ciadi, creado para tratar casos puntuales de conflictos y no de esta masividad", según el ministro de Justicia.

Los reclamos ante el tribunal, a los que se suma un grupo reducido de demandas planteadas ante una instancia de arbitraje de las Naciones Unidas, invocaron los tratados celebrados con Francia, Estados Unidos, Alemania, Chile y España. La mayoría de las controversias tiene sus causas en la devaluación, pesificación, default y retenciones a las exportaciones y entre los temas sobresalen las tarifas de servicios públicos, aunque en hay también otro tipo de planteos, como el de la chilena Metalpar por la pesificación de un contrato de financiación por la venta de carrocería y la más reciente presentación de DaymlerChrisler por los problemas que la devaluación le ocasionó a la relación entre la casa matriz y su subsidiaria argentina. Otro caso, por ejemplo, tiene que ver con diferencias de interpretación sobre el impuesto a los sellos.


Los primeros laudos
De la treintena de causas aceptadas, tres podrían tener resolución a mediados de este año. Se trata de las empresas CMS, accionista minoritaria de Transportadora de Gas del Norte, que demandó por 260 millones de dólares, LG&E (empresa que invirtió en Gas del Centro y Gas Cuyana y cuyo proceso comenzó la semana pasada) por 270 millones, y Azurix, la empresa del vapuleado grupo Enron, operadora del servicio de agua en la provincia de Buenos Aires, que demandó al Estado antes de la emergencia económica por una cifra de 566 millones de dólares.

Cuando se desempeñó como Procurador del Tesoro, Rosatti presentó la defensa técnica en el caso de CMS, basada, primero, en negar la procedencia de una demanda por parte de un accionista minoritario, segundo, en que la Argentina no violó el tratado de protección de inversiones ya que no hubo ni expropiación de activos ni discriminación, tercero, en la invocación del estado de emergencia económica y, cuarto, en el monto excesivo que pide la empresa en compensación.

Este esquema, que con sus más y sus menos domina las presentaciones argentinas ante cada caso sometido a arbitraje, incluye un elemento particular. El Estado logró del tribunal conformado en el marco del Ciadi que se levante la confidencialidad del proceso.


Juez y parte
En el caso de Azurix, el proceso más viejo y más avanzado, Osvaldo Guglielmino, sucesor del actual ministro de Justicia en la Procuración del Tesoro, recusó al presidente del tribunal arbitral, el español Andrés Rigo Sureda. Le imputó, entre otras cosas, que propuso a uno de los abogados que defienden a la firma como presidente de otro tribunal que laudará en un conflicto que involucra al Estado peruano, cuyo demandante es además representado por el estudio jurídico que integra el español.

Las ternas arbitrales que deben dirimir cada demanda son integradas por dos especialistas propuestos por cada una de las partes y un presidente designado por el Ciadi. Entre las "fallas sistémicas" que sufre, según Rosatti, este organismo, se encuentra precisamente la conformación de tribunales ad hoc, que pueden llevar a laudos contradictorios, y a su dispersión, que impiden unificar jurisprudencia o instancias de apelación. La sentencia de nulidad por parte de un nuevo tribunal designado por el presidente del Banco Mundial es el único recurso posible contra el laudo.

En el proceso que involucra a la empresa que manejaba el agua potable en la provincia de Buenos Aires, el gobierno argentino involucró a las entidades de consumidores, que si bien no pueden ser parte del litigio sí pueden brindar testimonio.

Más allá de estos argumentos específicos, la modalidad de funcionamiento del Ciadi, las relaciones de poder dentro de los organismos internacionales y la lógica comercial de los fallos no auguran buenas noticias para la Argentina, por lo cual la estrategia del gobierno se ha centrado en sacar el conflicto de esa instancia, argumentando en definitiva que es un elemento distorsivo de la renegociación de contratos.