El sueldo de bolsillo de un ministro de la Corte pasó de 10 mil pesos a 13 mil

El salariazo a 3.000 judiciales costó igual que el último aumento a 66.000 docentes

La familia tribunalicia festejó la suba del 30por ciento: un ordenanza, con 29 años de antigüedad, se llevó 3.700

Eugenia Langone y Hernán Lascano / La Capital

Para afrontar el aumento concedido la semana pasada a todos los empleados del Poder Judicial de Santa Fe, la provincia deberá desembolsar cada mes 3.600.000 de pesos adicionales o, lo que es igual, 43.200.000 pesos anuales. El último incremento otorgado al personal educativo de la provincia, según fuentes gremiales, implicó para el Tesoro santafesino 40 millones, es decir, una similar transferencia de fondos. La diferencia es que el beneficio a los judiciales se reparte entre 3 mil personas, mientras que al sistema de enseñanza lo integran 65 mil agentes.

La decisión de otorgar un aumento que para la mayoría del personal tribunalicio alcanza el 30 por ciento no brota de una decisión del gobernador Jorge Obeid, sino de la ley de enganche, promulgada por Carlos Reutemann en 1994, que establece para los judiciales santafesinos el mismo sueldo y los mismos beneficios que los de sus pares de la Justicia federal. Estos se favorecieron con una suba salarial en diciembre pasado que, automáticamente, se trasladó a la provincia.

La cuestión es que el aumento de la masa salarial para los judiciales santafesinos no tiene parangón, ni por asomo, con el resto de los agentes de la administración pública provincial. Algo que no pasa inadvertido para los gremios del sector que, como los docentes y estatales, ya están embarcados en pujas reivindicativas.

Los tributos de la ley de enganche engordan sueldos con los que no sueñan ni en el sector público ni en el privado. Un ministro de la Corte Suprema que, por ejemplo, recibió en la mano 10.100 pesos en enero cobró el jueves pasado más de 13 mil pesos. Un colega pasó de 9.358 a superar los 12 mil al volver de las vacaciones. Un secretario de la Corte pasó de 7.460 en diciembre a más de 9.500 en enero. Un camarista saltó de 9.020 pesos a más de 11.500. Un juez de primera instancia, de 4.300 a más de 5.600. Todo de bolsillo.

No solamente en ese sector, que es la cúspide del Poder Judicial, celebraron los aumentos. Un ordenanza con 29 años de antigüedad, que recibía 2.920 pesos, el jueves retiró un recibo por 3.700. Claro que ahí vale el paso del tiempo. En el mismo nivel un agente con seis años de servicio subió de 700 a 1.000. Uno con 23 años, de 1.720 a 2.200.

Los choferes del Poder Judicial son los mejor rentados del oficio. Merced a 32 años de labor llevando y trayendo jueces, un empleado encontró en el cajero 3.200 pesos contra los 2.520 del mes anterior. Por la misma tarea, un agente inicial ganó 590 en enero y ahora gana 780.

Un contador con 37 años de servicio pasó de 5.400 a 7 mil. Un médico forense con más de 35 años fue de 5.804 a 7.500. Un oficial de justicia, de 3.400 a 4.400. Un jefe de división, de 3.000 a casi 3.900. Un empleado con 32 años en funciones administrativas escaló de 3.570 a 4.600.

Todos estos rangos profesionales pertenecen a dos escalafones -el de magistrados y el de empleados- que reciben el 30 por ciento de aumento. La franja comparativamente menos favorecida fue la de funcionarios intermedios, que están en un escalafón horizontal, lo que implica que no pueden ganar un peso más que sus pares federales. Estos tienen remuneraciones envidiables para la inmensa mayoría de la población, pero los incrementos fueron en promedio del 20 por ciento. Aquí un secretario de juzgado con 32 años de función pasó de 4.210 a 5 mil. Un fiscal con 22 años, de 4.650 a 5.400.

Desde el jueves pasado los funcionarios del Poder Ejecutivo y los del Poder Judicial no se sacan el bozal. Rehusan contestar nada que tenga que ver con el aumento, mostrar qué incidencia tiene este en el presupuesto de la provincia o vertir consideraciones sobre su ecuanimidad. El único que no esquivó un teléfono fue el subsecretario de Justicia, José Luis Benaglia, quien se limitó a decir ayer que la adecuación implica sacar del Tesoro 43 millones por año que embolsarán los judiciales. Pero esta erogación implica varias otras cosas.

La provincia tiene que afectar fondos de rentas generales para atender los nuevos sueldos. Además, el ajuste involucra aumentos automáticos para los pasivos, lo que significa un fuerte impacto para la Caja de Jubilaciones, lo que supone acentuar su crónico desacople en la ecuación aportante-beneficiario.

Al revés de la lógica de las sumas fijas, que implica que los menores sueldos tienen beneficios mayores, el esquema remunerativo del Poder Judicial de Santa Fe es asimétrico. Al ser porcentual, se favorecen más los que están en la cúspide de la escala, que son los que más reciben en magnitud de dinero. Los judiciales lo cobraron por primera vez por enero, pero la suba es retroactiva a los sueldos de octubre, por lo que tienen un remanente pendiente de liquidación.