Coimas. La causa judicial avanza hacia la vía muerta

La Cámara rechazó dar marcha atrás en desprocesamientos a senadores

El tribunal denegó un pedido para que Casación analizara la situación de De Santibañes y de ex legisladores

La investigación por el pago de sobornos en el Senado de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa sufrió ayer un nuevo revés porque la Cámara Federal denegó un pedido para que Casación revea la decisión que anuló los procesamientos del ex titular de la Side Fernando de Santibañes y de ex legisladores.

La Sala I de la Cámara encontró "inadmisible" un pedido del fiscal para que Casación, máximo tribunal penal del país, analice si fue correcta su decisión de anular procesamientos por cohecho en la causa por el pago de sobornos en el Senado para la aprobación de la reforma laboral en 2000.

De esta forma, al fiscal general que presentó el recurso, Germán Moldes, sólo le queda el recurso de ir en queja ante Casación y también ante la Corte Suprema de la Nación, adelantaron fuentes judiciales.

Por lo pronto, la Oficina Anticorrupción (OA), querellante en la causa, confirmó que presentará un recurso de queja ante Casación, para que este tribunal decida si abre la revisión de la decisión de la Cámara.


Las razones del "no"
En una resolución de tres carillas, los camaristas de la Sala I Horacio Vigliani y Martín Irurzun entendieron que, por cuestiones procesales, no corresponde otorgar ese recurso, ya que no se está ante una "sentencia definitiva" o que "ponga fin a la acción o a la pena", adujeron.

Y aprovecharon para defender su polémica decisión de anular los procesamientos dictados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, porque con ello "se ha procurado la mayor profundización de la instrucción a fin del debido esclarecimiento del hecho investigado para la asignación de responsabilidades de la totalidad de sus participantes", escribieron.

La decisión cuestionada fue dictada el 13 de julio último y benefició al ex titular de la Side durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Fernando de Santibañes, a los entonces senadores Emilio Cantarero y José Genoud, y al arrepentido del caso, el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.

En la resolución de ayer, la Sala I de la Cámara Federal rechazó planteos similares de Moldes y del titular de la OA, Daniel Morín, quienes pretendían que la resolución fuera revisada por Casación.

Ahora tanto Moldes como la Oficina Anticorrupción tendrán como última alternativa ir en queja en un recurso extraordinario a Casación y en forma simultánea podrían hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia, para que se ordene "abrir el recurso", es decir, disponer que la resolución de la Cámara Federal sea revisada.

Cuando anuló los procesamientos de los sospechados, la Cámara puso en duda los dichos del arrepentido Pontaquarto y consideró que la investigación fue "defectuosa", en medio de duras críticas al juez.

En su apelación el fiscal Moldes consideró que los cargos contra De Santibañes, Genoud, Cantarero y Pontaquarto tenían que seguir en pie porque se trata de "delitos gravísimos para la salud institucional de la República" y por ello el tribunal superior debía "permitir que aflore la verdad".

La causa por el pago de sobornos se reactivó en la Navidad última cuando declaró ante la Justicia Pontaquarto, un ex secretario parlamentario que confesó haber tenido en su poder el dinero salido de la Side para pagar a senadores a cambio del visto bueno a la ley de reforma laboral.

Canicoba Corral procesó por cohecho a De Santibañes, a los ex legisladores Cantarero y Genoud y al propio Pontaquarto, basado principalmente en los dichos de este último.

Pero desde que la Cámara revocó toda su resolución, la causa por los presuntos sobornos entró en una virtual parálisis, salvo por dichos de nuevos testigos que declararon en forma paralela ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.

Estos testigos, en su mayoría allegados a Pontaquarto, ratificaron haber visto cinco millones de pesos escondidos en valijas, en un guardarropa de la casa del ex secretario y que luego, según él, fueron distribuidos entre senadores que votaron la ley.