Apelan el cierre de una causa contra un ex jefe de policía

Es Jorge Pupulín. Debían definir si impartió o no órdenes en el diciembre negro

Un fiscal de segunda instancia se opuso al cierre de un proceso penal contra el ex jefe de la Unidad Regional II, Jorge Saúl Pupulín, por el manejo de la represión policial de los saqueos y la convulsión social del 19 y 20 de diciembre de 2001. Se trata de una causa en la que se lo investigó por supuesto incumplimiento de sus deberes y obligaciones ante la presunción de que no impartió órdenes precisas a sus subordinados para hacer frente a esa crisis. Un juez correccional ya había dictado el sobreseimiento del ex comisario general por prescripción de la acción penal, pero el fiscal apeló esa decisión y pidió que la investigación siga hasta determinar si Pupulín cometió o no un delito.

La apelación fue presentada por el fiscal de Cámaras José María Peña. El funcionario le pidió a la Cámara Penal que revoque la medida dictada en su momento por el juez Juan José Alarcón y que ordene la reapertura del proceso. Si así ocurriera, el ex jefe debería ser indagado por el magistrado.

"No afirmo que Pupulín cometió un delito, lo que digo es que la causa no debe prescribir y que hay que investigar", comentó Peña ante una consulta de este diario.

La causa contra el oficial ahora retirado se abrió en diciembre del año pasado, cuando la Comisión Investigadora No Gubernamental (CNG) de los hechos de 2001 pidió a la Justicia que determinara si impartió o no órdenes directas de reprimir a los saqueadores y a quienes reclamaban comida y planes sociales en las calles de la ciudad, que fueron miles. En esos episodios murieron siete personas y todos los decesos fueron atribuidos a la policía, aunque sólo en una de las causas ya hay un uniformado condenado en primera instancia y en otra hay un efectivo procesado, en ambos casos como autores materiales de sendos homicidios.

El pedido de la CNG se basó en un informe que el propio Pupulín elevó a la Cámara de Diputados de la provincia. Dijo allí, a modo de descargo, que no había recibido órdenes ni instrucciones específicas de sus superiores para actuar frente a la crisis. La pretensión de la comisión es que la Justicia investigara qué hizo Pupulín frente a esos hechos y a la ausencia de órdenes, y determinara si cometió o no algún delito, tanto en el caso de que hubiese impartido sus propias órdenes como en el supuesto de que no hubiera dado ninguna.

La lógica de los miembros de la comisión es simple: si no impartió órdenes precisas, entonces el jefe de policía no cumplió con su deber. Y si lo hizo, lo que corresponde es determinar qué ordenó y en qué medida esas órdenes tuvieron relación con el saldo final de siete víctimas fatales atribuidas unánimemente por los testigos a las balas policiales.

Una de las evidencias en las que se basó la comisión son los resultados preliminares de las investigaciones que lleva a cabo el juez de Instrucción Osvaldo Barbero sobre los homicidios de diciembre. Barbero es quien procesó al agente Esteban Ernesto Velázquez por el homicidio del militante social Claudio Pocho Lepratti, y luego al sargento Luis Amando Quiroz por el asesinato de la también militante del Partido Comunista Graciela Acosta.

Según los miembros de la comisión, a partir de los resultados de las pesquisas de Barbero surge la necesidad de dilucidar si la policía recibió o no órdenes acerca de cómo enfrentar la crisis y si esas órdenes incluyeron o no la utilización de armas cargadas con proyectiles de plomo, entre otras incógnitas.

La CNG alegó en su momento que Pupulín tuvo a su cargo "la planificación, coordinación, control y ejecución" de los operativos realizados por la unidad a su cargo el 19 y 20 de diciembre de 2001, tal como se desprende del Reglamento Orgánico de Unidades Regionales de la Policía Santafesina. Por eso, es responsable de las órdenes que dio o dejó de dar a sus subordinados.

De hecho, el contenido del Reglamento Orgánico de Unidades Regionales sirvió de base para que un juez de la capital provincial condenara en el pasado a cuatro comisarios por incumplimiento de sus deberes en la represión de una marcha de empleados bancarios realizada frente a la Legislatura provincial en marzo de 1996. Los comisarios estaban a cargo de 237 efectivos que luego, al declarar ante la justicia, dijeron desconocer cómo actuar y aseguraron que nadie les había impartido instrucciones y órdenes precisas.