Editorial

Amia: ¿quién puso la bomba?

La Justicia argentina mantuvo diez años preso a un reducidor de autos por cuyas manos pasó la camioneta que explotó en la Amia y mató a 85 argentinos. También envió a la cárcel durante ocho años a varios ex policías bonaerenses acusados de haber sido la conexión local del atentado. Es decir, de haber recibido la camioneta y haberla pasado al conductor suicida.

Después del fallo absolutorio de la semana pasada, el atentado terrorista más grave en toda la historia del país volvió a foja cero: pasaron diez años y no hay ni siquiera sospechosos, el juez que inició la investigación renunció pero no le aceptan la dimisión para poder enjuiciarlo, dos fiscales del caso fueron removidos y el tercero renunció.

Si el último fallo de tres magistrados federales -seguramente será apelado cuando se conozcan sus fundamentos- queda firme, significará que ninguno de los policías ni el reducidor de autos Carlos Telleldín tuvieron que ver en el ataque. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién pudo cargar y transportar impunemente decenas de kilos de explosivos por las calles de Buenos Aires y hacerlos estallar en pleno centro?

Los españoles desactivaron en una semana la banda terrorista que hizo explotar las bombas en el subterráneo de Madrid. Los norteamericanos tienen hasta filmaciones de los comandos suicidas que impactaron los aviones contra las torres gemelas. Hasta los indonesios ya enjuiciaron a los responsables del atentado al club nocturno en la isla de Bali. ¿Qué pasa en la Argentina? Una década y ni una sola sospecha de quién pudo haber sido el responsable.

Un país como la Argentina, que está saliendo del infierno -como el mismo presidente lo admite-, no puede permitir que nada, absolutamente nada, se sepa diez años después del ataque. El mundo civilizado tiene la obligación de encontrar y enjuiciar a los delirantes que en todas parte del mundo cometen actos despreciables como el de la Amia.

La Argentina tiene que recuperar su economía, terminar con la pobreza pero también producir resultados a la hora de ponerles nombres y apellidos a los criminales, sean nativos o extranjeros.