La intención de la compañía de cobrar una tasa sobre las exportaciones de soja por el gen de resistencia a glifosato desató una polémica en el sector

Semillas: Monsanto pateó el tablero por las regalías

El planteo de la empresa pone en discusión el sistema argentino de protección de innovaciones vegetales

Con su pretensión de cobrar regalías sobre las exportaciones de soja argentina, para ejercer su derecho de patente sobre el gen de resistencia a glifosato, la empresa Monsanto pateó el tablero de las negociaciones que venían sosteniendo el gobierno, las compañías semilleras y las entidades de producción para ajustar el sistema de protección de las innovaciones vegetales.

La decisión de pelear ese cobro en los puertos de destino de los embarques locales (debido a que la empresa no patentó el evento RR en Argentina) provocó el rechazo público de una de las entidades del campo, Federación Agraria Argentina, y la histeria generalizada en el resto de las organizaciones del sector. No sólo de las representativas de los productores sino también de las cámaras que agrupan a los exportadores y las asociaciones que nuclean a los propios semilleros.

Tal es así que la discusión dividió aguas en la propia Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). La Asociación para la Protección de Obtenciones Vegetales (Arpov), una entidad integrada prácticamente por esas mismas empresas para hacer valer los derechos de los innovadores y mejoradores de semillas, inició una urgente ronda de consultas buscar consenso en torno de un nuevo proyecto, alternativo al que se venía negociando bajo la denominación genérica de regalía global.

"Con esta pretensión se pateó el tablero y no hace más que entorpecer la negociación sobre la regalía global", señaló el directivo de una importante semillera local, cuya opinión pesa fuerte en ASA. Desde su punto de vista, mientras "lo que se necesita acá es acomodar un mercado golpeado por el comercio ilegal, sin plantear ambiciones desmedidas".

Mientras en las cámaras que agrupan a exportadores y procesadores de soja circulan frenéticamente los papers sobre las viabilidad jurídica de la pretensión de Monsanto, el miércoles pasado en Rosario el tema fue analizado por dirigentes del sector de los semilleros y asociaciones de productores, tanto gremiales como técnicas.

Se analizó allí un borrador con retoques al proyecto de regalía global que impulsa el gobierno en el marco de un paquete de reformas a la actual ley de semillas. Este borrador, elaborado desde el sector de los semilleros, respetaría la idea de crear un fondo de compensación a la innovación tecnológica integrado por el cobro de una tasa sobre la venta del grano del agricultor al acopio o la exportación. Pero se trataría de un fondo administrado por los privados y destinaría una parte de la regalía a pagar un "fee biotecnológico" a los dueños de un gen que se haya introducido en determinada variedad.

Si bien los semilleros que compraron la licencia del gen RR le pagan a Monsanto, la parte del león está en cobrarlo a los productores, que se supone que también lo pagaron cuando compraron la semilla. El informante lo explicó así: "Por más revolucionario que sea, el gen no sirve para nada si no está en una variedad que además sea buena. En el sistema de regalía global presentado por el gobierno, tanto los propietarios del germoplasma como del evento biotecnológico se sentaban como iguales en una mesa para la distribución de la regalía, al meter el tema de la patente Monsanto busca tener la manija de esa distribución, y después repartir como quiera".


La hora de la patente
La crisis que estalla ahora reconoce una situación de fondo bastante discutida en los últimos años y en la que se entrecruzan distintos aspectos. Por un lado, el fastidio de las empresas semilleras por el alto grado de comercialización ilegal de semilla, que llega al 70% en el caso de la soja y el trigo, y que impide el retorno de las inversiones en mejoramiento vegetal. Por otro, la discusión sobre qué sistema legal de protección a la propiedad intelectual adoptará la Argentina en materia de innovaciones vegetales.

En el marco de la ley de semillas y del convenio Upov 78, al que está adherida, Argentina protege actualmente la propiedad intelectual de las innovaciones vegetales a través del sistema conocido como derecho del obtentor, más moderado en cuanto a los alcances de esa propiedad que el sistema de patentes, dominante en países como Estados Unidos.

"Una de las diferencias entre derecho del obtentor y el de patente es que el primero permite, así como defiende al que logra la innovación, que el agricultor que compró esa semilla, reserve y la vuelva a sembrar. Además, ese derecho tampoco se establece sobre el producto de esa siembra, mientras que el de patente sí", señaló Aldo Casella, abogado especialista en la materia que asesora a la Federación Agraria.

Fernando Sánchez, abogado especialista en marcas y patentes , consideró que "por la información que se tiene, el planteo de Monsanto sería pasar de un sistema legal de protección de variedades vegetales a un sistema de legislación de patentes, que si bien entiendo como más adecuado, implica una operación bastante complicada en el panorama legislativo actual de la Argentina, habría que encontrar un sistema que contemple a todos".

Desde hace más de un año, el gobierno fogonea un proyecto de reforma a la ley de semillas que pretende cerrar el "clásico" entre semilleros y productores. Esta iniciativa contempla adherir a un nuevo tratado internacional (Upov 91), más orientado a proteger las innovaciones por el sistema de patentes, aún cuando deja espacio a cada país para elegir el sistema más conveniente.

Pero el punto más "contante y sonante" de este proyecto, en el corto plazo, es el que crea la llamada regalía global para trigo y soja: una tasa que se cobraría cuando el productor vende el grano, destinada a un fondo administrado en forma mixta pero bajo supervisión del Instituto Nacional de Semillas (Inase). La recaudación se distribuiría entre los obtentores y además se reintegraría la retención a los productores que acrediten la compra se semilla certificada, hasta el segundo año.

Las entidades de la producción rechazan el pago de cualquier tipo de regalía por entender que el costo de las innovaciones tecnológicas se pagó al momento de comprar las semilla, mientras que tanto semilleros como el gobierno plantean que tanto no se habrá pagado si, según números del Inase, hay una diferencia de casi 500 millones de dólares entre el mercado potencial de semillas y lo que se factura por semilla certificada.

En esas idas y venidas estaban todos los sectores cuando se desató la ofensiva de Monsanto. El espanto acercó a sectores que venían enfrentándose por este tema. "Esta gente nos quiere llevar puestos a todos", coinciden semilleros, entidades de la producción y funcionarios del gobierno que habrían recomendado a la cúpula de ASA "despegarse del planteo de Monsanto". De hecho, el secretario de Agricultura, Miguel Campos, aseguró el jueves que "estamos en condiciones jurídicas y morales de no aceptar el esquema de pago de regalías porque consideramos que estas empresas ya han recibido mucho de nuestro país y pueden darse por bien pagas".

Mientras la Federación Agraria acusó directamente a la empresa de pretender un "doble cobro" por el uso de la RR, el presidente de la Sociedad Rural Argentina pidió una "solución razonable". Señaló que "la Rural por filosofía siempre pensó en la necesidad de acuerdos privados para equilibrar las ganancias entre los productores y las empresas" pero aclaró que "existen una serie de factores que nos obligan a un análisis más profundo".

"Lo que ha sucedido en Argentina con las sojas RR en los últimos 5 años, genera una contradicción sobre como se manejaron las regalías y lo que muchos productores dejaron aceptando ciertas condiciones. Nadie dijo cuánto iban a costar las sojas transgénicas, sino que, por el contrario, se apuró a los productores para que la adopten", explicó el dirigente.

La patente de la soja transgénica, eje de un nuevo round.