Diciembre negro: la Justicia pide documentación al gobierno

El ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, deberá enviar a la Justicia toda la documentación que obre en su cartera y que esté vinculada a la represión policial de diciembre de 2001, cuando durante el alzamiento popular que terminó con el mandato de Fernando de la Rúa, murieron ocho personas en la provincia.

El pedido surgió de la jueza correccional santafesina Alicia Doldán después de que el propio ministro asegurara hace algunas semanas que "si existen registros de órdenes, los mismos serán puestos a disposición de la Comisión Investigadora (no gubernamental) y de la Justicia".

La información fue difundida ayer por el portal de Internet El Consultor.web, y explica que la magistrada solicitó formalmente la entrega de todo el material que pudiera ser de interés para la causa a fin de establecer si hubo indicaciones precisas y concretas por parte de los máximos responsables de la seguridad provincial.

Es que la jueza desconoce si es que existen circulares policiales en las que supuestamente se daban ordenes acerca de cómo actuar ante los estallidos y por ese motivo espera una respuesta.

"Si es que hay elementos importantes en algunos despachos policiales o del ministerio de Gobierno, esto en el marco de la Justicia no significa nada, de existir esos papeles tienen que estar en manos de la jueza que investiga los hechos", señaló una fuente consultada por el sitio web.

Por otra parte, junto al ex ministro de Gobierno de Reutemann, Lorenzo Domínguez, y el subsecretario de Seguridad de entonces, Enrique Alvarez, quienes ya fueron indagados, la jueza Doldán le tomó declaración informativa al ex jefe de la policía santafesina, comisario José Storani.

El funcionario policial se presentó acompañado de un abogado y aceptó ser interrogado por la titular del juzgado correccional número 6 en torno a cuáles fueron las órdenes recibidas y trasmitidas a sus subalternos. El ex jefe de policía no compareció en calidad de testigo y tampoco como imputado, aunque lo hizo sin prestar juramento.

Por otra parte, fuentes tribunalicias adelantaron que aún restan llevarse a cabo algunas medidas y que la situación procesal de los hasta ahora dos imputados no será resuelta hasta mediados de septiembre.