El aumento de las penas es considerado un parche que no disminuirá el delito

"Como política de prevención no sirve y está destinado al fracaso", aseguran jueces y fiscales del foro local

Jorge Salum / La Capital

Es la opinión prácticamente unánime de los operadores del sistema penal en Rosario a propósito de las reformas sancionadas por el Congreso de la Nación como respuesta al "efecto Blumberg".

Entre los operadores judiciales rosarinos casi no hay matices: para la mayoría el índice de delitos y la sensación de inseguridad no bajarán por el solo hecho de que el Estado imponga penas más severas para los delincuentes, como ocurrió esta semana en la Argentina. "Como política de prevención no sirve y está destinado al fracaso", auguran casi al unísono.

También coinciden en que la reacción del Congreso de la Nación fue un "gesto espasmódico" para aplacar los reclamos de la ciudadanía por más seguridad y menos impunidad. Por último, sostienen que una política criminal seria se planifica a largo plazo, "con resultados a 20 años". Mientras tanto, argumentan, hay medidas mucho más efectivas para luchar seriamente contra el crimen que aumentar las penas (ver aparte).

Otto Crippa García es camarista penal. Lleva más de dos décadas en el Poder Judicial y tiene fama de juez duro. Sin embargo, está convencido de que no es necesario aumentar la severidad del castigo para persuadir a los delincuentes a que no cometan más delitos. "En una época, cuando se robaban muchos autos, este delito se castigaba con penas que iban de los 9 a los 20 años de prisión", recuerda. Entonces se produjo una situación absurda: "El robo de un Fiat 600 tenía una sanción mínima más severa que el homicidio", razona el magistrado.

Crippa cita un ejemplo clásico sobre la inutilidad del aumento de las penas. "En Estados Unidos la pena de muerte no sirvió para bajar la cantidad de homicidios", recuerda. Es exactamente lo que piensan los abogados penalistas Dardo Racciatti y María de los Angeles Milicic, y el también camarista Ramón Teodoro Ríos, un "blando" en la división entre halcones y palomas que imparten justicia en los Tribunales de Rosario. "Está científicamente probado que aumentar la sanción no disminuye los delitos", coinciden, aunque Ríos cree que castigar con más dureza a quienes roben con un arma de fuego, por ejemplo, será una contribución positiva para la lucha contra la criminalidad.

Todos ellos cuestionan la manera en que se instituyeron castigos más severos para algunos delitos. El fiscal Esteban Franicevich, el más antiguo de Rosario, también lo desaprueba. "Son medidas arrebatadas, tomadas de apuro por legisladores que se sintieron acorralados por la convocatoria de Juan Carlos Blumberg. El único objetivo de estas nuevas leyes es complacer a la gente que está hastiada de la inseguridad", se explaya.

Racciatti, que fue dos veces vicerrector de la UNR, sostiene que un delincuente no se desarmará por el simple hecho de saber que si lo descubren lo sancionarán con más tiempo en prisión. Y Milicic, que además de abogada penalista es docente universitaria, dice que este mensaje ni siquiera llega a quien se supone que está destinado. "Quien comete delitos como el robo a mano armada o un secuestro extorsivo no está en condiciones de internalizar el mensaje que supone una pena. Quien viola o mata no piensa en la sanción que le darán si lo descubren. Por eso estas medidas no sirven para nada", afirma.

Crippa coincide y añade: "Más que a aumentar las penas, habría que aspirar a que éstas se cumplan", dice. Es una idea a la que apuntan todos los expertos consultados. Franicevich sugiere "reducir" la posibilidad de que los condenados recuperen progresivamente la libertad cuando cometieron delitos como el robo con armas y los secuestros, y Racciatti propone revisar el sistema de indultos y conmutaciones. "Acá, en Santa Fe, los gobernadores firman conmutaciones sin siquiera saber a quién favorece y qué delitos cometieron. Y eso es una barbaridad", dispara.


Falta estudiar las causas
Todos los expertos sostienen que frente al denominado efecto Blumberg, el Congreso de la Nación omitió estudiar las causas que desencadenan el aumento de la criminalidad, y de buscar la manera de combatirlas. Sus diagnósticos son casi idénticos: la pobreza, la marginalidad, la exclusión social y la falta de expectativas son un cóctel explosivo que hoy por hoy nadie piensa cómo cambiar. "Mientras no se ataque estos frentes, los delitos seguirán aumentando", resume Milicic.

Algo parecido sucede con los ejemplos que bajan desde el propio Estado y quienes tienen la responsabilidad de administrarlo. "Hay corrupción y nadie resulta sancionado. En este país, hace 50 años que ningún gobernante va preso. Si para ellos no hay sanción, ¿qué se puede esperar de alguien que no tiene trabajo, está excluido de la sociedad y carece de esperanzas?", pregunta Crippa. Para él, la impunidad es "la mayor fuente generadora" de delitos, porque instala la sensación de que al no haber sanción cualquier cosa es posible. Ni uno solo, entre más de 20 operadores consultados, dejaría de suscribir esta afirmación.

"Aumentar las penas es un parche que no va a resolver nada", sostiene Racciatti. "Suena bien a los oídos de la gente pero no es un remedio eficaz", postula Franicevich. Ríos, en cambio, desmenuza la idea y sostiene que en algún caso -como la portación de armas, que ahora ya no será excarcelable- es una medida "saludable" y puede contribuir a bajar un poco la cantidad de delitos.

Más dura, Milicic sostiene que la clase política miente cuando le hace creer a la gente que un par de reformas imaginadas de apuro le permitirá vivir más tranquila y segura. "Muchos de los argumentos que escuché esta semana en el Congreso son falaces", afirma. Y Crippa propone una idea: "En lugar de aumentar las penas habría que inventar sanciones alternativas, pero que se cumplan". No es, por cierto, lo que hicieron diputados y senadores la semana pasada.