Un episodio revelador, con el PJ en la vereda de enfrente

Juan Alvarez confrontó con el peronismo en un juicio político de octubre de 1946

Elida Sonzogni

Los esfuerzos reconocidos y aquilatados por Juan Alvarez a lo largo de su vida pública -tanto en la investigación histórica, la docencia o la magistratura- se vieron empañados en el último tramo de esa exitosa carrera por haber sido sometido, junto a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, a juicio político durante el primer peronismo. Alvarez había alcanzado en 1935 el cargo de Procurador General de la Nación en el contexto político de la tradicionalmente denominada "democracia fraudulenta". Once años después, el panorama político y social que vivía el país se había modificado a través de la insurgencia popular del 17 de octubre de 1945. En 1946, precisamente en el mismo mes de octubre, el Senado de la Nación se constituyó en Tribunal para entender en el Juicio Político abierto por la Comisión Acusadora de la Cámara Baja, integrada por los diputados Eduardo Beretta, Raúl Bustos Fierro, Rodolfo A. Decker, Alcides Esteban Montiel y José Emilio Visca.

Los afectados fueron los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Repetto, Antonio Sagarna, Benito A. Nazar Anchorena y Francisco Ramos Mejía, así como el Procurador General de la Nación, Juan Alvarez. Más allá de las causales que fundamentaban la acusación, interesa destacar aquí algunas de ellas referidas estrictamente a gestiones desarrolladas por Juan Alvarez entre los días 14 al 18 de octubre de 1945. De acuerdo con su descargo ante el Tribunal, "entre el 10 y 12 de octubre del año pasado, por motivos cuyo verdadero origen desconozco todavía, se había producido una grave crisis en el Gabinete Nacional, motivando la renuncia de todos sus ministros. Al mismo tiempo, la excitación pública subía de punto (....) y el país parecía estar encaminándose apasionadamente hacia la guerra civil".

En ese marco, el Presidente Farrell "haciendo un llamado a mi patriotismo e invocando el deber (...) de ponernos al servicio del país para conseguir cuanto antes el retorno a la normalidad institucional y a sosiego, me invitó a que le indicara cinco personas alejadas de la política y dispuestas a aceptar los Ministerios civiles, quedando a mi cargo la cartera del Interior". En este sentido, resulta un estimulante ejercicio de reflexión imaginar -contrastando- la simultaneidad de los procesos históricos: por una parte, la movilización popular con la que culminó la pulseada que desde el mes de septiembre se daba entre seguidores y detractores de la figura emergente del golpe de estado de 1943, el coronel Perón y que aceleró la retirada del régimen de facto. Por otra, en ese mismo escenario, es posible transitar los "corredores del poder" por los que anduvo el magistrado convocado. Aunque pueda resultar un anacronismo, es difícil admitir que Juan Alvarez no hubiera meditado acerca de los costos y beneficios resultantes por su contribución "al retorno a la normalidad institucional y a sosiego". En medio de los tumultos callejeros, la presión de las corporaciones políticas, profesionales, institucionales y económicas, Juan Alvarez adoptó una estrategia piromaníaca. ¿Quiénes eran los ciudadanos ilustres a los cuales el Procurador General de la Nación acudió para solucionar la crisis política? En la nota que el propio Alvarez remitió a Farrell en la jornada del 17 de octubre, dando por cumplida su gestión, presentaba los nombres y el respectivo cursus honorum de esas figuras apolíticas, a las que se añadía él mismo, aceptando el ofrecimiento realizado por aquél para la cartera de Interior. Se trataba de Tomás Aurelio Amadeo (Agricultura), Alberto Hueyo (Hacienda), Isidoro Ruiz Moreno (Relaciones Exteriores y Culto), Jorge Figueroa Alcorta (Justicia e Instrucción Pública) y Antonio Vaquer (Obras Públicas).

Tanto Alvarez como el coronel Perón

ingresaron en la contradicción que la retórica populista sintetizaba en "pueblo u oligarquía", refrendando el carácter dialéctico y colectivo de los procesos históricos. Perón había fracasado en el juego pendular que alimentaba la armonía de clases y se vio obligado a liderar la protesta obrera. Mientras tanto, el jurista -refugiado en sus convicciones liberales- ponderó desacertadamente el temple de las instituciones republicanas por sobre la dinámica de las fuerzas sociales. Así lo demuestran las argumentaciones que antecedían a la propuesta de gabinete apolítico: "A consecuencia de sucesos conocidos, gran parte de la población sentíase irritadísima, viviendo en una atmósfera cargada de agravios, incredulidad, recelos y violencias...". Pero aceptó la misión convencido de que el Poder Ejecutivo procedería a "dejar sin efecto algunas medidas incómodas y restrictivas de la libertad individual (...) pidiendo un poco de buen sentido y tolerancia hacia las opiniones ajenas. Obra más de cordura y de honesta sinceridad, que de combinaciones ingeniosas y hábiles equilibrios".

Confiado en la receptividad del presidente, agregaba algunas condiciones: urgente convocatoria a elecciones, levantamiento del estado de sitio, autonomía de las esferas ministeriales y reducción al máximo -por parte del Ejecutivo- de las facultades inherentes al Poder Legislativo.

A los siete días, el general Farrell le remitió una escueta y convencional respuesta que revelaba la inutilidad de los esfuerzos realizados por el Procurador General de la Nación.

Esa revelación alcanzaba su mayor transparencia cuando la Comisión Acusadora le reprochó que no se hubiera enterado "con sólo asomarse al balcón de su despacho, qué era lo que el pueblo quería y, de haber escuchado y entendido el rumor primero, convertido en grito después, hubiera dado de inmediato la solución patriótica que se le pidió (...) Porque el pueblo de Buenos Aires no quería ministros de nombres prestigiosos, especialistas en las diferentes materias, sino que dejó el trabajo, salió a la calle (...) y pidió y se dio lo que buscaba."

Y es probable que el clima del juicio político le haya permitido a Alvarez alcanzar dos certidumbres: la primera, confesada por él mismo, es que todo hubiera estado en orden "si en lugar de proponer para ministros a cinco ciudadanos expectables y apartados de la política, hubiese propuesto yo cinco personas gratas a quienes el 17 de Octubre se congregaron en la Plaza de Mayo". La segunda se la adjudicamos nosotros, que, siguiendo el trámite del Juicio Político, nos conduce a la ironía borgeana: "los peronistas no son ni buenos ni malos, son incorregibles".

Elida Sonzogni es profesora e investigadora de la Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes