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 domingo, 04 de abril de 2004

El acuerdo de gobierno y petroleras tendrá vigencia hasta el año 2006
Las compañías cobrarán u$s 0,60 por millón de BTU. No depusieron los juicios en tribunales internacionales

Un acuerdo entre el gobierno nacional y las petroleras firmado anteanoche a última hora garantizará el actual suministro de gas para los usuarios de todo el país hasta el año 2006, e incluye los aumentos en el precio en boca de pozo que llegan hasta el 40 por ciento, aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Planificación Federal.

"Las petroleras firmaron una garantía de abastecimiento hasta 2006 y se comprometieron a hacer todas las inversiones del caso para llegar a los niveles de producción necesarios", dijo ayer un vocero de la cartera que dirige Julio De Vido, quien precisó así la duración del acuerdo en un año y medio y no seis meses como se preveía originalmente.

Aunque los funcionarios buscaban en un principio que las petroleras desactivaran también las demandas que habían presentado ante el Ciadi, un tribunal de controversias del Banco Mundial, ese punto no formó parte del arreglo.

Las inversiones de las petroleras se financiarán con los aumentos del gas en boca de pozo dispuestos por los decretos 180 y 181/04 de febrero último, que el gobierno ahora se comprometió a aplicar, previa convocatoria de una audiencia pública con los usuarios.


La carga será para la industria
Según confió una fuente del sector, los únicos excluídos del ajuste tarifario serán los usuarios domiciliarios de escasos recursos y bajos consumos, y el grueso del aumento -que irá del 25 al 40 por ciento- "lo abonará el sector industrial exportador".

El acuerdo fue cerrado anteanoche cerca de las 23 con la presencia del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, tras un día entero de tensas negociaciones que tuvieron lugar entre la cámara que agrupa a las petroleras, el Palacio de Hacienda y la Casa Rosada.

Además de Fernández y De Vido estuvieron por el gobierno el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el subsecretario de Combustibles, Christian Folgar; y por las empresas firmaron representantes de Repsol YPF, Petrobras, Total, Panamerican Energy, Tecpetrol y Pioneer, entre otras.

El texto incluye un compromiso por parte de la productoras de mantener la producción actual de 121 millones de metros cúbicos diarios, pero no por los próximos seis meses sino hasta el año 2006.

Como contrapartida, se dio por terminado el congelamiento del precio del gas en boca de pozo dispuesto tras la devaluación y la pesificación, y se fijó un tabla de recomposición del mismo en línea con los decretos de febrero.

Las petroleras añoraban volver al precio en boca de pozo de 1,40 dólares para el millón de BTU (unidad térmica) que regía durante la convertibilidad, pero por ahora tendrán que conformarse con los 60 centavos de dólar que surgen de esos decretos.

La subsecretaria de Defensa de la Competencia y del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, aseguró ayer que la incidencia del aumento en las tarifas de gas y electricidad para empresas y comercio "no llegará al 1 por ciento" en ninguno de los productos de la canasta básica. Por lo tanto, estimó que en el caso de que los empresarios decidan trasladar esos mayores costos al precio de los productos "se estaría hablando de centavos". El cálculo de la cartera de la Competencia y el Consumidor se hizo en base a una suba de un 20% tanto de las tarifas de electricidad como gas.

Otras discusión pasará en los próximos meses por cómo impactará en las tarifas la utilización de combustibles líquidos en las centrales térmicas generadoras de electricidad, para evitar que la demanda de gas se expanda por encima de los 121 millones de metros cúbicos diarios actuales.

El documento consensuado entre el gobierno y las petroleras consignó también la racionalización de las exportaciones de excedentes de gas a Chile y el compromiso de importar unos cuatro millones de metros cúbicos diarios de gas desde Bolivia, a partir de mayo o junio, cuando el gasoducto del norte haya sido reparado por Refinor. Estas restricciones fueron severamente criticadas en el país transandino y también en el Uruguay, donde amenazaron con entablar juicios (ver aparte).

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Trasandinos en problemas. Una usuaria de Santiago de Chile revisa el servicio de gas.

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