Desaparecidos. Kirchner celebró la histórica decisión de Canicoba Corral

Declaran nulos e inconstitucionales los indultos de Menem a represores

Los delitos de lesa humanidad no pueden ser perdonados, sostuvo el juez, quien ordenó la captura de un represor

Los indultos que dictó el ex presidente Carlos Menem en favor de seis jefes del Ejército acusados de crímenes contra la humanidad fueron declarados ayer nulos e inconstitucionales por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, aunque será la Corte Suprema la que definirá la evolución de los juicios a militares beneficiados por la indulgencia presidencial.

Para Canicoba, los delitos de lesa humanidad están "excluidos de la posibilidad de indulto" y aunque Menem, como jefe de Estado, tenía la atribución de perdonar a presuntos represores, según el juez ejerció esa facultad cuando ya existían en Argentina normas contrarias al otorgamiento de ese beneficio.

"La facultad presidencial de indultar fue ejercida en una oportunidad donde no era constitucionalmente viable", escribió Canicoba en una voluminosa resolución. Destacó, además, que Menem concedió las indulgencias a militares que aún no habían sido condenados por la Justicia, por lo que obstaculizó los juicios en pleno trámite.

La decisión parece cerrar el círculo abierto con las anulaciones de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del Congreso y despeja el camino el avance de las llamadas "megacausas": las que investigan crímenes cometido en el I Cuerpo del Ejército, en la Esma y en La Plata.

El presidente Néstor Kirchner celebró la decisión del juez y sostuvo que ya "era hora" de poner fin a los indultos, que fueron declarados nulos e inconstitucionales en una jornada en la que el jefe de Estado recorrió la Esma, un edificio emblemático de los crímenes de la dictadura por haber constituido el mayor centro clandestino de detención de los 70 (ver página 10).

En una histórica resolución que ahora deberá ser revisada por la Cámara Federal porteña, Canicoba sostuvo que "el terrorismo de Estado es la forma más grave de terrorismo conocida", y decretó la inconstitucionalidad de los indultos que Menem concedió en 1989 y 1990 a través de los decretos 1.002 y 2.746.

Se trata, puntualmente, del indulto concedido el 6 de octubre de 1989 a los generales del Ejército Jorge Olivera Rovere, Juan Bautista Sasiaiñ, Adolfo Sigwald, José Montes y Andrés Ferrero, y del decreto 2.746, que el 29 de diciembre del 90 amnistió al ex comandante Guillermo Suárez Mason.

Según Canicoba, cuando Menem firmó los indultos el ordenamiento jurídico argentino ya contaba con normas que protegían los derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional contra la Tortura.

Si bien la decisión del juez habilita a enjuiciar a los militares ahora despojados del amparo de los indultos, lo cierto es que sólo existe orden de captura contra el general Olivera Rovere, ya que Suárez Mason y Sasiaiñ cumplen arresto domiciliario por el robo sistemático de bebés y el resto de los imputados ha muerto.

"Con la inconstitucionalidad de los indultos se reinician los juicios pendientes contra los responsables por pasadas violaciones de derechos humanos", dijo Canicoba, y agregó que familiares de desaparecidos y víctimas de la represión ilegal "verán ahora satisfecho su derecho" a la verdad.

Mediante la resolución judicial, enmarcada en el proceso por los crímenes cometidos bajo el comando del I Cuerpo de Ejército, "se asume finalmente el deber de investigar seriamente las violaciones que se hayan cometido" y se "asegura a la víctima una adecuada reparación", abundó.

La Fiscalía Federal y la asociación Abuelas de Plaza de Mayo habían planteado la nulidad de los indultos, y el juez falló en su favor. Se descuenta que los represores apelarán la medida que finalmente terminará recurrida ante la Corte.

En su resolución, Canicoba citó profusa jurisprudencia internacional e incluyó afirmaciones del ahora juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, que declaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad.

Un sector de la Corte, empero, sostiene que los decretos de indulto fueron ya homologados por el máximo tribunal, que aún se encuentra en plena etapa de reestructuración por lo que podría sentar, en un futuro, jurisprudencia alineada con la decisión que adoptó ayer Canicoba.

Canicoba dijo que ahora los familiares de las víctimas tendrán derecho a saber la verdad.