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 sábado, 20 de marzo de 2004

Más de 30.000 años de prisión a los detenidos en España

Madrid. - Los cinco sospechosos encarcelados ayer por los atentados de Madrid se enfrentan a un largo proceso judicial al final del cual les esperan unas penas de prisión de hasta más de 30.000 años para los acusados de colocar las bombas aunque en España el tiempo máximo de reclusión esté limitado a 40. La primera etapa de este proceso se cumplió ayer con la imputación formal de los cinco primeros sospechosos por parte del juez de instrucción de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), Juan del Olmo.

Esta imputación no constituye una acusación formal, la cual en España sólo llega cuando el juez de instrucción cierra su sumario y decide enviar al sospechoso ante un tribunal.

Mientras, el juez puede ordenar la entrada en prisión de una persona inculpada, como hizo ayer para los cinco sospechosos, por un máximo de dos años, renovables por otro período igual. Un sospechoso es liberado automáticamente si su proceso no se abre como máximo cuatro años después de su detención.

Durante la instrucción, el juez del Olmo puede interrogar a los sospechosos y a los testigos tantas veces como desee. Puede decidir también que no hay lugar al proceso si las pruebas le parecen insuficientes. Cuando estima que el sumario puede pasar a un tribunal, lleva a cabo la inculpación y envía a los acusados ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, compuesta por tres magistrados profesionales, se encarga del juicio. Las audiencias son públicas. El veredicto suele llegar tras varias semanas de deliberación.

La cadena perpetua no existe en España, pero las penas de prisión son acumulativas. Así, el sospechoso número uno de los atentados de Madrid, Jamal Zugam, podría ser condenado, en teoría, a 30.992 años de prisión: 30 años por cada asesinato (190 por ahora), más 18 años por intento de asesinato (1.400 por el momento), más 20 años por destrucción de trenes (4), más 10 años por pertenencia a organización terrorista, más dos años por robo de una camioneta.

Hasta la reforma del Código penal de 2003, el tiempo máximo que una persona podía pasar en prisión tras ser condenada por terrorismo era de 30 años, pero podía optar a una libertad condicional al cabo de 20 y a un régimen de semilibertad al cabo de 15 años. (AFP)

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