A 14 empresas santafesinas no se les podrá cortar el gas

Un juez santafesino ordenó la suspensión de la aplicación de los decretos 180 y 181, emitidos el mes pasado y que cambiaron las reglas de juego en el mercado del gas, a un grupo de 14 empresas de la provincia.

La Unión de Industriales de Santa Fe junto a los empresarios locales obtuvieron a su favor la medida de no innovar ante el amparo presentado en el juzgado federal Nº 1, a cargo del juez Reynaldo Rodríguez, contra los decretos nacionales.

Las empresas santafesinas reclaman que el servicio de gas cumpla con su condición de servicio público y no se pueda cortar, y solicitaron un suministro total de 200 mil metro cúbicos por día. El nuevo esquema gasífero planteado por el gobierno se da en un momento en que las empresas ya comienzan a sufrir restricciones en el servicio y otras que esperan cortes con la llegada del invierno.

Los decreteos 180 y 181 obligan a las empresas a comprar el gas directamente a las petroleras en el mercado desregulado del que gozan las generadoras y las transportistas pero no las distribuidoras que tiene sus precios congelados luego de la devaluación. La resolución establece que cuando se vence un contrato firme (ininterrumpibles) la firma no lo puede renovar y pasa automáticamente a interrumpible.

Las demandantes aseguran que con esta medida el servicio de gas pierde su condición de servicio público asegurado por el Estado y pasa a ser un negocio de las empresas que venden en boca de pozo y, además, cada firma puede verse afectada por la interrupción del servicio ante la escasez del combustible.

Cammesa, el ente de contralor en el que participan el Estado y las empresas, ya ordenó cortes de electricidad de hasta un 20 por ciento a algunas grandes fábricas por la escasez en la provisión de gas natural y las sequías que afectaron a las plantas hidroeléctricas.

Con este fallo judicial, las empresas santafesinas frenan la aplicación de los decretos. El juez estableció que sin no hubiera capacidad de transporte "debe restringirse la exportación de gas", fundamentalmente dirigida a Chile. Los industriales pidieron que primero se satisfaga el mercado interno.

En el recurso cada empresa presentó lo que consume de gas por día y cómo se vería afectada por las nuevas condiciones de los decretos que las obliga comprar el gas en boca de pozo, a un precio mayor, y que las transforma en interrumpibles.

El gobierno aún no fue notificado del fallo pero cuando sea notificado puede apelar la medida. Sin embargo, hasta que un tribunal superior se expida las empresas favorecidas por el dictamen del juzgado federal santafesino pueden continuar comprando el gas a las distribuidoras y asegurarse su suministro.

Otro grupo de empresas santafesinas y subdistribuidoras de gas también presentaron amparos contra los decretos 180 y 181 en juzgados de Santa Fe y en un juzgado federal de Buenos Aires pero todavía no tienen resolución.

El default y la devaluación cerraron a las empresas la posibilidad de encarar nuevos y necesarios emprendimientos. Los expertos creen que las compañías necesitan invertir unos 900 millones de dólares por año para poder abastecer la demanda.