El justicialismo consiguió ayer con su propia gravitación numérica, más el apoyo de algunos aliados, la designación de Adolfo Rodríguez Saá como presidente de transición y la convocatoria a la elección de un nuevo mandatario el 3 de marzo, con la ley de lemas, al cabo de una extenuante Asamblea Legislativa.
De esta forma, Rodríguez será presidente con un plazo que tiene como fecha máxima de entrega del poder el 5 de abril, y el 3 de marzo se elegirá un nuevo jefe de Estado que complete el mandato hasta el 10 de diciembre del 2003.
La necesidad de que sus tres objetivos se votaran en un único paquete por mayoría simple fue el principal eje de la oposición radical que, aunque con un ánimo alicaído, se mantuvo firme en su posición. El nudo que el justicialismo no quiso desatar contemplaba la votación del presidente, la convocatoria a elecciones y el sistema electoral a utilizar.
La ley de lemas, un mecanismo muy cuestionado en las provincias donde se aplica, permite a los partidos llevar más de un candidato y luego sumar a su sublema más votado el resto de los sufragios.
El sistema que ideó el PJ no está contemplado en la Constitución nacional ni en la ley electoral, pero fue defendido por el peronismo como "una excepcionalidad" en esta emergencia.
Luego de 12 horas de debate agotador que comenzó el sábado a las 21.45, fueron 31 votos sobre 307 pronunciados a viva voz en el recinto los que volcaron la suerte del peronismo (169 a 138), que no debió ceder en sus pretensiones.
Fue crucial para el peronismo imponer la ley de lemas, lo que le evitará afrontar una interna feroz.
El PJ se esforzó por alinear primero a su propia tropa, incluyendo al ala más díscola que era la menemista. Luego, negoció y convenció a los seis miembros de Acción por la República y de un mínimo sector del interbloque provincial, como el bloquismo y Cruzada Renovadora de San Juan, Fuerza Republicana, algunos correntinos y Unión Bonaerense.
El radicalismo y la mayoría de los partidos provinciales avalaron la designación de Rodríguez Saá, pero no la convocatoria anticipada a elecciones ni la ley de lemas.
De hecho, hasta último momento la mayoría de la oposición pidió que se abriera la votación de los distintos temas contenidos en la resolución.
Pero los voceros peronistas, José Luis Gioja, por senadores, y Humberto Roggero, de diputados, lo rechazaron con la certeza que los números le daban para aprobar la resolución en su conjunto.
Esto llevó a Patricia Walsh, de Izquierda Unida, a manifestar su rechazo al proyecto justicialista en todos sus términos, al igual que los dos integrantes de Autodeterminación y Libertad -Luis Zamora y Alberto Roseli- que se retiraron del recinto sin votar.
El ARI y el Frepaso, en cambio, avalaron las elecciones anticipadas, pero no la ley de lemas. Carrió, jefa del ARI, también se mostró contraria a que fuese Rodríguez Saá el designado para el interregno porque "no se puede votar a alguien que hizo abuso de poder, que violó la división de poderes y que es acusado de enriquecimiento ilícito".
La supuesta violación de principios formales, fue centro de los discursos de la oposición, que criticó la decisión de convocar a elecciones anticipadas.
Se consideró que la Asamblea Legislativa no tenía facultades para hacer esa modificación a la ley de acefalía para que el presidente que se vote en marzo dure en el cargo hasta el 2003, cuando De la Rúa hubiera completado su mandato.
Pero mucho más castigada resultó la instrumentación del sistema de lemas, no sólo porque la Asamblea no estaba habilitada para modificar la ley electoral sino porque desde distintas bancadas se remarcó que la propuesta peronista obedecía a un interés partidario.
Los discursos de los principales referentes de la oposición, como Raúl Alfonsín y Carlos Maestro, abundaron en referencias al peligro de "inconstitucionalidad" de la medida y al riesgo que implicaría ingresar en una campaña electoral en pleno estado de convulsión electoral.
El justicialismo justificó en varias ocasiones las "desprolijidades" en la transición a partir de "la necesidad de adoptar urgentes medidas ante la crisis".
Ante esto, no cedió en su propósito de que el proyecto en su conjunto se votara por mayoría simple, aún la modificación a la ley electoral pese a que la Constitución expresamente dispone mayoría calificada.
En el camino, el PJ dejó entrever la promesa de que, para mejorar el perfil legal del pronunciamiento de la Asamblea, la resolución se aprobase la semana que viene en cada Cámara, como una ley común, al terminar la sesión nadie de los bloques se volvió a referir a eso.
La Ciudad
