A 30 años

Rosario, un paradigma de la compleja búsqueda de justicia

Desde el 2003 se reactivaron causas clave. Expectativa tras la ratificación de procesamientos

Javier Felcaro / La Capital

Juzgar asesinatos sin la mínima evidencia de un cuerpo, o hallar a desaparecidos y a chicos robados, son sólo algunos de los desafíos impuestos- a modo de piezas- por un cruento rompecabezas diseñado hace 30 años. Sin embargo, Rosario constituye hoy un paradigma que demuestra que la lucha iniciada por los organismos defensores de los derechos humanos en 1983, tras el regreso de la democracia, es posible.

El mayor avance se experimentó en el 2004, luego de que el entonces juez federal Omar Digerónimo dictaminara la invalidez de las leyes del perdón, con la reapertura de la causa "Agustín Feced y otros" (por el comandante de Gendarmería que fue jefe de la policía de Rosario), el megaexpediente que engloba el accionar de la represión ilegal en el sur santafesino.

Desde entonces se sucedieron los pedidos de indagatorias y detenciones por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas, violaciones y desapariciones cometidos durante la más sangrienta dictadura militar de la historia argentina.

Una decena de imputados desfiló por los Tribunales Federales rosarinos, entre ellos el ex general Ramón Genaro Díaz Bessone (responsable del Comando del II Cuerpo de Ejército), quien cumple arresto en su domicilio porteño.


Larga lista
También están presos los ex policías José Lo Fiego -alias el Ciego- y Mario Marcote (el Cura), entre otros. A fines de febrero pasado la Nación (a través de la Secretaría de Derechos Humanos) se presentó como querellante en la voluminosa causa. Diez acusados siguen prófugos.

En rigor, el primer expediente reabierto, tras comenzar como un juicio por la verdad histórica, es el que investiga el funcionamiento del centro clandestino de detención denominado Quinta de Funes.

Los detenidos suman seis, entre ellos los ex teniente coronel Pascual Guerrieri (en la Capital Federal) y Juan Daniel Amelong, alojado en el batallón de Fray Luis Beltrán.

El ex general Luciano Jáuregui y el ex teniente coronel Enrique Jordana Testoni cumplen, en tanto, arresto domiciliario. Los prófugos son cinco. Al igual que en la causa Feced, el máximo responsable fue el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri (otrora jefe del II Cuerpo), pero su muerte anuló toda chance de declaración.

En el viejo Palacio de Justicia de bulevar Oroño al 900 también posaron la lupa sobre el funcionamiento de una cárcel clandestina en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu, actual sede de la Jefatura de Policía.

A su vez, la Corte Suprema de la Nación declaró, a mediados de 2005, la inconstitucionalidad del punto final y la obediencia debida, respaldando lo hecho un año antes por la Justicia federal rosarina.

A partir de diciembre, y con argumentos de peso para la suerte de las causas por violaciones a los derechos humanos, la Cámara (que había recibido duras críticas por excarcelaciones polémicas) fue ratificando los procesamientos dictados en los expedientes Quinta de Funes, Domingo Matheu y San Lorenzo.

Según los querellantes, el reciente pronunciamiento de los camaristas permite desplegar un abanico de posibilidades para ampliar las indagatorias por el delito de asociación ilícita.

Aunque también se prevé la apertura de más expedientes originados por denuncias acumuladas en los últimos meses, con el plus que otorgó el desembarco de la fiscal federal Griselda Tessio.

La fiscal santafesina asumió hace casi un año al frente de la Oficina de Unidad de Asistencia con el objetivo de tramitar y acelerar la causas vinculadas con el accionar del terrorismo de Estado.

Paralelamente, en San Lorenzo existen expedientes que involucran el ex diputado provincial y suspendido concejal del PJ Pedro Pili Rodríguez, al ex teniente coronel Rubén Cervera y al ex capitán Horacio Maderna.

No obstante, toda la atención está centrada en el cementerio de esa ciudad: ya se reabrieron fosas comunes en las que se encontrarían restos de varios detenidos en los años de plomo.

Respecto de La Calamita, el centro clandestino que funcionó en Granadero Baigorria, Tessio le pidió al juez federal Nº4 de Rosario, Germán Sutter Schneider, la preservación del lugar y las excavaciones con epicentro en el predio.

Ocurrió luego del reconocimiento que realizó el detenido Eduardo Tucu Constanzo (también procesado en la causa Quinta de Funes), quien confesó la existencia de al menos dos cuerpos enterrados: el del soldado José Prat y el de "Remo, un militante montonero de San Juan".

Asimismo, a fines de 2005 la Cámara rosarina ratificó los procesamientos del ex juez federal de Santa Fe Víctor Brusa y de otros siete arrestados, acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad en la capital provincial.

Producto de la resolución, los ocho imputados por el magistrado federal santafesino Reinaldo Rodríguez deberán permanecer en sus lugares de detención hasta el juicio oral.

Rodríguez, además, dejó ayer al filo de la indagatoria y -eventualmente- del arresto al coronel retirado Juan Rolón (máxima autoridad del Ejército durante 1976 y 1977), al rechazar su planteo de prescripción de la acción.

Prueba cabal del impacto social que provoca el avance de las causas es lo ocurrido días atrás en la capital provincial, donde aparecieron pintadas nazis y a favor del dictador Jorge Rafael Videla. En Rosario, un juez federal, Carlos Vera Barros, fue amenazado en abril de 2005 con una bala de FAL (fusil del Ejército) enviada a su despacho por carta.

Las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la Argentina desde el 24 de marzo de 1976, bajo el paraguas de la Doctrina de Seguridad Nacional, originaron más de 1.000 procesos penales. También se iniciaron juicios por el genocidio en España, Alemania e Italia.

Los jefes militares que sembraron el terror en Argentina.