La curia no cree posible la equiparación de los cultos

Guillermo Villarreal

La insistencia del gobierno por ratificar legalmente la libertad religiosa, incluso otorgándole rango constitucional, puede abrir un nuevo frente de conflicto con la Iglesia, cuyos miembros intuyen que la apuesta conlleva la intención de equiparar los cultos.

Los obispos sostienen que la iniciativa oficial "no tiene sustento" en un país mayoritariamente católico, aunque las estadísticas marquen que dos de cada diez fieles asisten a misa cada domingo, o en donde el Estado está obligado a sostener este credo.

Desde el gobierno, en cambio, aseguran que los proyectos tienen como objetivo "garantizar los derechos colectivos al libre ejercicio de las creencias y convicciones". Tal como lo establecen los tratados internacionales.

Mientras que la libertad religiosa es un derecho ya contemplado constitucionalmente, la igualdad resultaría -anticiparon algunos canonistas- "casi imposible" de implementar en la Argentina, e incluso forzaría a reformar la Constitución.

No obstante, en el último documento del Episcopado -que desató una fuerte polémica con el presidente Néstor Kirchner- los obispos preguntan si "la libertad de la Iglesia Católica a enseñar y practicar la doctrina es siempre respetada".

El párrafo alude al caso del obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, a quien el primer mandatario pidió su remoción a la Santa Sede, en una resolución que fue calificada como "impropia" por las autoridades eclesiásticas y puso en juego el Concordato que rige las relaciones bilaterales desde 1957.

Estas diferencias volvieron a notarse ayer a raíz de que el Gobierno formalizó su apoyo al proyecto de la diputada radical Margarita Stolbizer para declarar el 25 de noviembre como Día Nacional de la Libertad Religiosa, un antiguo anhelo de los credos oficialmente reconocidos.

"Es oportuno promover que exista un día dedicado a reflexionar sobre sus implicancias, y sobre aquellos aspectos de la libertad religiosa que necesiten una mejor protección", se fundamenta en la iniciativa.

A esto se suma que la Secretaría de Culto flexibilizó en septiembre la inscripción al Registro Nacional de Cultos, para facilitar el reconocimiento de la personería jurídica de las entidades religiosas no católicas, hasta entonces obligadas a establecerse como asociaciones civiles e impedidas de acceder a beneficios impositivos.


Gestión
El organismo debió recurrir a una resolución para hacerlo, dado que -a pesar del apoyo de judíos, católicos y evangélicos- fracasó en el intento de derogar la ley 21.745, que estableció ese registro en tiempos de la dictadura militar.

Sectores radicalizados de la Iglesia cuestionan, en tanto, que sean "los mismos católicos" quienes fogonean esa propuesta, sobre todo a través del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (Calir), que tiene en sus filas a los ex secretarios de Culto, Norberto Padilla y Angel Centeno. Pero esa organización niega las acusaciones de esos grupos, a los que identifica como "temerosos", e insiste -dijo uno de sus referentes- en que "continuará bregando para que se garantice una mayor igualdad de cultos en el país". (DYN)