Municipalizar el agua no es estatizar

Aníbal Faccendini (*)

En estos días se está debatiendo la rescisión del contrato de servicios de agua potable, desagüe cloacal y pluvial que tiene la provincia de Santa Fe con la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe SA. Esta prestataria privada ha incumplido en las inversiones que tenía que realizar; esto es, no realizó las obras comprometidas en la licitación pública que ganó en 1995. Así, el 40% de la ciudad de Rosario no tiene servicio cloacal, con los riesgos sanitarios y ambientales que significan para la ciudadanía de las zonas que adolecen de este servicio. A ello hay que agregarle el perjuicio económico que también implica, pues la acumulación de fluidos cloacales en dichos barrios requieren de su vaciamiento una o dos veces por mes, adicionando a la jaqueada canasta familiar otro gasto fijo.

Las inversiones faltantes para cloacas en la ciudad más importante de la provincia y una de las principales del país es de la significativa cifra cercana a los 90 millones de pesos. El Estado municipal de Rosario es el mayor recaudador de servicios sanitarios aportando el 60% de la facturación con 375 mil clientes; en consecuencia, resulta patético que mientras Capital Federal presenta una cobertura del 100% de agua potable y 100% de desagües cloacales, no se pueda decir lo mismo para nuestra ciudad, que sufre una situación harto injusta.

Producto de la privatización de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), realizada mediante la ley 11.220, la empresa adjudicataria se obligaba a realizar inversiones por 1.200 millones de pesos, en una licitación que no abonaba canon alguno, con una concesión por 30 años. La Dipos era una entidad estadual provincial, que era deficiente pero no deficitaria, que llegaba a facturar aproximadamente 70 millones de pesos anuales y que exponía una incapacidad para extender los servicios sanitarios de agua potable y servicios de desagües cloacales-pluviales, tanto en Rosario como en el resto de las ciudades de la provincia. La argumentación para la privatización, en el año 1994, fue que -pasando a manos privadas la prestación de los servicios sanitarios- se iban a realizar las inversiones pertinentes, mejorar la calidad del servicio, amplificar el servicio de agua y cloacas a todos los ciudadanos de las 15 localidades concesionadas (Rosario, Villa Gobernador Galvez, Granadero Baigorria, Funes, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Cañada de Gomez, Casilda, Firmat, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Esperanza, Gálvez y Reconquista) y también se iba a producir una rebaja de las tarifas.

El ingeniero Roberto Gayá, interventor otrora de la Dipos y uno de los impulsores del proceso, alegaba contundentemente estos argumentos preseñalados. La realidad va a indicar lo contrario, no hicieron las inversiones legales establecidas, el servicio es malo y la tarifa no se abarató, por el contrario, aumentó un promedio de más del 20% respecto a la tarifa de la Dipos. En esta descripción se confirma el esquema privatizador que siguió Aguas Argentinas S.A. (forman parte del mismo grupo económico), cuyos pasos consistieron en: oferta de tarifas bajas para ganar la licitación, luego renegociar para aumentar las tarifas y legalizar incumplimientos de inversiones y por ende de obras.

La honestidad obliga reconocer que aún los privatistas de otrora en nuestra provincia estuvieron en contra de esta privatización, pues desde su génesis era objeto de confutación, así es: la ley 11.220, madre de la privatización, vulneraba la Constitución nacional, la Constitución provincial y la ley orgánica de municipalidades Nº 2756.

En los años 1994-1995, varios fuimos los actores que realizamos acciones legales, tanto de amparo como de intereses ciudadanos, en contra de esta privatización, para que se respetara la ley. Así entonces, no se respetó la participación de las municipalidades, originarios titulares históricos de los servicios sanitarios, como lo fue Rosario hasta 1948, cuando pasó a Obras Sanitarias de la Nación (OSN) sin indemnización alguna que se conozca. No se respetó tampoco la participación de la ciudadanía para proteger sus derechos, conteste con el artículo 42 de la Carta Magna y la ley 24.240 de usuarios y consumidores en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios de Santa FE (Enress). Y, por último, no se respetó en los servicios sanitarios los paradigmas de salubridad establecidos internacionalmente.

Ante este paisaje conflictual, el Estado provincial y el Enress tienen la obligación de romper con la inercia de años en materia de control eficiente a la prestataria y tienen que garantizar la inmediata realización de las obras sin afectar las tarifas. Es que, más allá de la rescisión contractual por culpa de la empresa, estamos en presencia de una gran oportunidad creativa para la solución del problema.

Para ello, es necesario: I) la municipalización de los servicios sanitarios; esto es, que el poder concedente tiene que volver al Estado de Rosario, su titular originario, con sobrados títulos legales e históricos. Esto va más allá de que la ejecución del servicio esté en manos del Estado municipal, de un tercer sector asociativo (asociaciones civiles sin fines de lucro, sociedades civiles o cooperativas), del sector privado o de una combinación de éstas. La municipalización de los servicios no es sinónimo de estatización. Municipalizar significa recuperar la titularización de los servicios sanitarios, dejando en manos estatales o no estatales la prestación efectiva de los servicios sanitarios.

II) Crear un ente federativo municipal de servicios sanitarios de la región sur, integrado por los Estados municipales de la zona, con poder decisorio y de gestión, proporcional a sus aportes e incidencias. También se puede constituir un ente en el norte y en la zona que corresponda. Este ente federativo municipal responderá a los Estados municipales que lo compongan y será la autoridad de aplicación, de resolución y de inspección de la prestación de los servicios sanitarios. Por ende, garante estadual de que la ciudadanía acceda al agua y a los servicios cloacales y pluviales. Al regionalizarse municipalmente la prestación, se compensa la gran recaudación que aporta Rosario, para que con ello no sufran alteración los precios de los servicios.

III) Constituir el respectivo ente regulador de protección del usuario, con participación decisiva, relevante y obligatoria de la ciudadanía en el directorio de dicho ente. La finalidad principal del ente es proteger y promover los derechos del ciudadano usuario de los servicios sanitarios. Los representantes de los ciudadanos serán elegidos por el voto de la sociedad civil, como similarmente se realiza en Colombia y en algunos estados de Estados Unidos.

IV) Establecer legalmente que el acceso al agua y a los servicios sanitarios en general es un derecho social esencial y, por ende, no se puede cortar ni suspender dicho servicio público.

V) Evitar que en la situación conflictiva actual con la prestataria la ciudadanía sea partícipe de la socialización de las pérdidas de dicha empresa. Para ello se debe establecer transitoriamente un fondo proveniente de un porcentaje de las facturas a cobrar, para realizar las obras que faltan. Este fondo, desde luego, debe ser administrado por las municipalidades.

Vale la pena recordar que el capitalismo basado en el egoísmo humano, de acumulación y reproducción de riquezas, sin control de un Estado promotor de ciudadanía, resulta devastador. Se requiere de un sistema de premios y castigos, para que la acumulación de capital sea por esfuerzo propio, riesgo empresario, recursos propios y genuinos, con tasas razonables de ganancias. No debemos tolerar más la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. La municipalización de los servicios es un paso hacia un régimen económico basado en el esfuerzo propio, en el riesgo empresario con capital genuino, tarifas justas y razonables y tasas racionales de ganancias.

Por último, que los servicios sanitarios vuelvan al Estado municipal resulta fundamental para los usuarios, porque es tener órganos resolutorios de conflictos cercanos e inmediatos, que le faciliten al ciudadano su vida cotidiana y no la obstaculización medieval actual, donde para resolver trámites administrativos se demora más de tres años.

Recuperar los servicios sanitarios por el Estado municipal de Rosario es recuperar nuestra historia, es ser leales a nosotros mismos, tal como lo señaló con sabiduría el jurista Juan Bautista Alberdi: "Obedecemos a nosotros mismos, y si no lo hacemos, mal podemos gobernarnos".

(*) Abogado. Mediador. Presidente

de la ONG: Asamblea por los Derechos

Sociales (ADS) y miembro de la Asamblea Provincial por el Derecho al Agua (Apda)