Ordenan sacar en forma urgente a 200 presos de seccionales rosarinas

La Cámara Penal de Rosario ordenó al gobierno provincial sacar de las comisarías de la Unidad Regional II a los detenidos que excedan la capacidad de esos ámbitos. La medida deberá ejecutarse en un plazo inmediato. E implica, de arranque, buscar destino y cambiar de lugar a más de 200 personas.

   Los reclusos deberán ser transferidos a otras unidades de detención de la región o, si no se pudiera, del resto de la provincia. Estos traslados tendrán que hacerse según la disponibilidad de la actual infraestructura carcelaria. E insta a una rápida conclusión y habilitación de los institutos en construcción.

   El gobierno recibió la orden de iniciar en lo inmediato los traslados e informar al Poder Judicial los pormenores de estos movimientos en los próximos diez días hábiles.



Al archivo. La trascendente medida reconoce a nivel judicial la situación ilegal en la que el Estado santafesino mantiene a los detenidos en los penales policiales de Rosario. Pero la oportunidad del pronunciamiento no queda fuera de análisis. La denuncia a la que responde la Justicia local fue presentada hace tres años El fallo se produce a 17 días de la asunción del gobierno de Hermes Binner, que deberá resolver la problemática

   En septiembre de 2004 la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) inició este camino con un hábeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención de los internos alojados en comisarías de Rosario. Ese recurso fue tramitado en el juzgado del fallecido juez de Instrucción Carlos Triglia. Este magistrado relevó la situación y un mes después planteó que en muchos casos —en 32 seccionales sobre las 41 existentes— se habían presentado órdenes judiciales de desalojo incumplidas por el gobierno.

   Por efecto de ese incumplimiento, Triglia tomó declaración informativa al entonces jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, a la ex jefa de policía provincial, Leyla Perazzo, y al subsecretario de Justicia Walter Gálvez. Este juez no llegó a emitir una resolución.

   La causa estuvo en manos de la jueza Mónica Lamperti hasta que Hernán Postma fue designado en el juzgado que había quedado vacante. Este juez rechazó el recurso en junio pasado y ordenó su archivo. Lo que equivale a decir que no encontró que la situación en los penales fuera de la gravedad denunciada.

   Ayer la Sala I de la Cámara Penal revocó la medida de Postma. Resolvió que los presos que excedan el número tolerable deberán ser desalojados inmediatamente de las comisarías. Y cuando culminen los traslados deberá vigilarse de que esos penales no se conviertan en enclaves permanentes para albergar presos. Varias veces la Cámara Penal advirtió sobre la gravedad de la situación. Es la primera vez que ordena resolverla.



La denuncia. El hábeas corpus de la CTC detallaba las condiciones “indignas, humillantes e inhumanas” de los detenidos de las seccionales policiales. Tras ello un documento de la Defensoría del Pueblo graficó la situación con detalles. A través de un informe de la Sección Planificación y Arquitectura de la Jefatura de la UR II, surgía que el 70 % de las dependencias verificadas resultaban inadecuadas para alojar personas. Y que estaba triplicada la capacidad edilicia que, en 2004, llegó a albergar 1200 personas.

.   El informe de la Defensoría del Pueblo agregado al expediente ofrecía pormenores del paisaje edilicio y humano de los penales policiales: el 91 por ciento vivía sin ventilación ni luz solar. El 85 por ciento de los internos carecía de agua caliente y el 80 por ciento de los baños no tenía sanitarios.

   Los camaristas Ernesto Pangia, Alberto Bernardini y Eduardo Sorrentino consideran acreditado que:

   u En los penales de la Unidad Regional II hay hacinamiento y condiciones de detención indignas, humillantes e inhumanas. Lo que confirma la pertinencia del pedido de hábeas corpus.

   u Las seccionales policiales no son lugares naturales para el alojamiento de detenidos, son solo alojamiento temporario. No deben ser ámbitos de alojamiento permanente.

   u La situación se ha descomprimido en relación a lo caótico de años anteriores. Pero el progreso fue lento, por lo que el Poder Ejecutivo provincial deberá desactivar en lo inmediato el actual confinamiento permanente en seccionales.

   La CTC advertía que la superpoblación en un estado degradante generaba hechos de violencia como los que provocaron tragedias como la de la comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez, donde hubo un incendio que el 15 de noviembre de 2000 dejó 13 internos muertos. l