A ocho años de la masacre de Ramallo, persisten incógnitas

Sólo se investigó el hecho delictivo y su represión. Jamás se profundizó en la connivencia política

Sergio M. Naymark / La Capital

Hace ocho años el país se convulsionaba viendo por televisión uno de los hechos históricos de las páginas policiales: la Masacre de Ramallo. El tiempo y otros mecanismos más complejos parecen haber llevado al olvido el trágico episodio. Sin embargo, muchas de las preguntas surgidas en aquel momento aún no han encontrado respuestas oficiales y, como tales, agigantan las sospechas de que aquel hecho fue armado con fines políticos para legitimar a la maldita policía bonaerense, por entonces al mando de Eduardo Duhalde y su ministro de seguridad, Osvaldo Lorenzo, y reivindicar el discurso del vicepresidente Carlos Ruckauf, quien clamaba “mano dura” y “meter balas” para ganar votos de cara a la elección en una provincia jaqueada por la inseguridad.

   El hecho se ventiló en audiencias orales y públicas en las que la Justicia Federal rosarina condenó a siete integrantes de la banda que copó el Banco Nación de Ramallo y a seis policías que repelieron con balas homicidas la huída de delincuentes y rehenes la madrugada del 17 de septiembre de 1999 (ver aparte).



Orgía de sangre. El resultado de ese despiadado ataque es por todos conocidos: murieron el gerente del banco, Carlos Chaves; el contador de la entidad, Carlos Santillán; y el maleante rosarino Javier Pata Hernández. La viuda del gerente, Flora Lacave, fue la única rehén ilesa. Igual suerte corrieron los asaltantes Carlos Sebastián Martínez y Martín Saldaña. El primero está en la cárcel. El otro apareció muerto en la comisaría 2ª de Ramallo diez horas después de ser apresado.

   Estudios hechos sobre el cadáver de Saldaña pusieron en evidencia que fue asesinado y que con él se fueron muchas de las respuestas que hoy se buscan. Entre ellas, cómo fue la participación de la maldita policía bonaerense en el armado del hecho, hasta qué estrato del gobierno llegó la complicidad y por qué desaparecieron de la escena elementos que comprobaban la connivencia de las partes. Ninguno de esos hechos fue investigado.

   “Ramallo fue una orgía de sangre desatada en un momento institucional muy especial. Por entonces Ruckauf (vicepresidente de Carlos Menem y candidato a gobernador de Buenos Aires) sostenía el discurso de la mano dura contra la delincuencia y la llamada maldita policía debía ser relegitimada ante el descrédito que tenía en la sociedad. Necesitaban hacer un gol, meter un hecho importante donde los uniformados se lucieran y de esa manera dieran crédito al discurso oficial con el fin de ganar votos. Por eso entregaron Ramallo. Pero les salió mal y no podían dejar vestigios de esos errores. Y entonces mataron a Tito Saldaña. Tenían que acallar la única voz que podía dar cuenta de la complicidad entre políticos, policías y ladrones”. Así habla Luis Valenga, el abogado de la mamá de Martín Saldaña y uno de los pocos que supo leer, muchos años después de la masacre, que el cuerpo del joven dejó huellas que iban a resignificar un hecho mucho más que policial.



La prueba. En diciembre del año pasado, María Noms, de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, firmó un dictamen en el que explicita que, a la luz de las dos autopsias realizadas al cuerpo de Saldaña, el muchacho no se suicidó sino que lo mataron. Le dieron un golpe en la cabeza para adormecerlo y luego lo ahorcaron colgándolo de las rejas del techo de una celda de la comisaría 2ª de Ramallo.

   Entre las evidencias que la llevaron a afirmar eso está el nudo con el que ataron la soga al cuello del muchacho, que no era corredizo y sin embargo estaba totalmente cerrado sobre su cuello; y la altura entre el catre de la celda y las rejas del techo, medida aportada por una pericia de Gendarmería Nacional que comprobó que la víctima no podría haber colgado allí la soga que le quitó el aire.

   De acuerdo a esos elementos, Saldaña nunca pudo haberse ahorcado. “La familia de Tito sostuvo y sostiene que jamás pasó por su cabeza el quitarse la vida y que siempre mostró un carácter irreductible, de no amedrentarse ante ninguna adversidad”, confió Valenga.

   Además, tras la balacera que detuvo el auto en el que salieron del banco rehenes y asaltantes, Saldaña fue subido a una ambulancia y llevado a una comisaría que “era zona liberada”. En ese vehículo lo custodiaron varias horas dos policías. Uno de ellos era Aldo Cabral, condenado como integrante de la banda que cometió el hecho. Ese tiempo, se dice, habría sido suficiente para persuadir al ladrón de lo desesperante de su situación.



¿Por qué? Martín tenía notorios antecedentes en San Nicolás, donde vivían él y su familia. En febrero de 1997 junto con otros dos jóvenes participó de un robo con rehenes en la embotelladora Cifa. En aquel hecho los asaltantes mataron al subcomisario Norberto Lemos y dejaron heridos al oficial Miguel Paolini y al cabo Andrés Díaz. Un año después, en marzo de 1998, otro trío dio un golpe en la metalúrgica nicoleña Flogg. A los maleantes los apresaron en la casa de Saldaña, el mismo lugar donde otro año más tarde se planificó Ramallo.

   Pero esos espisodios “resultan insostenibles como motivos de su asesinato”, dice Valenga. Y agrega: “En el gobierno bonaerense de entonces no había ni una actitud clara ni esfuerzos comprobables por limpiar a la maldita policía. Lo único que interesaba era ganar la elección y seguir dándole espacio a una fuerza con mano dura que se mantenía a base de negocios con los delincuentes. Saldaña conocía de eso, era un testigo privilegiado de lo ocurrido, él tenía el handy con el que estuvo en contacto con la policía y el plano del banco”.

   La causa por la muerte de Saldaña está en manos de la Justicia ordinaria y aún no se dirimió el pedido de cambio de carátula. “Se investiga como un suicidio pero nosotros planteamos que se haga como homicidio calificado y agravado por alevosía, ya que quienes lo mataron quisieron actuar sobre seguro”, dijo Valenga.



Borrar evidencias. Además de la muerte de Saldaña, quedó en evidencia la misma noche del hecho que hubo un plan para borrar evidencias del lugar y así encubrir la connivencia de la maldita policía. El handy que usó Saldaña para comunicarse con sus contactos en el exterior del banco nunca fue hallado, al igual que un arma policial usada por la banda.

   El fotógrafo Jorge Larrosa, de Página/12, registró después de la mortal balacera el momento en el que el cabo Alberto Castillo corría hacia un móvil policial con un bolso que había sacado del auto en el que huían rehenes y delincuentes. Ese patrullero estaba asignado al cabo Aldo Cabral, condenados por la masacre como integrante de la banda.

   Castillo fue detenido y procesado por encubrimiento. Poco después recuperó la libertad y, al igual que Saldaña, apareció misteriosamente “suicidado” el 26 de diciembre de ese año. Así, otro que sabía mucho desapareció de escena.

   Por si eso fuera poco, jamás se supo a lo largo de estos 8 años por qué apenas iniciado el hecho, concurrieron intempestivamente a Ramallo todos los jefes de las departamentales bonaerenses y más de 200 policías que, por rara coincidencia y a pesar de que se organizó un comité de criris al mando del juez Carlos VIllafuerte Ruzo, jamás estuvieron en frecuencia con sus pares federales.

A las 4.13 del 17 de septiembre de 1999 el Volkswagen Polo en el que huían los delincuentes y los rehenes fue atacado a balazos. Sólo 48 impactos dieron en el vehículo y provocaron las muertes.