Familiares de soldados podrían ser deportados de EEUU

El caso de una ilegal cuyo marido estadounidense está desaparecido en Irak destapó la polémica

Juliana Barbassa / AP

Washington. — Yaderlin Jiménez era una inmigrante indocumentada en riesgo de deportación. Su marido, ciudadano estadounidense y soldado, no podía ayudarla, pues había desaparecido tras un ataque insurgente en Irak. La desaparición de Alex Jiménez en mayo llamó la atención de la prensa. El mes pasado Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna, pidió que los funcionarios de inmigración detuvieran los procedimientos para deportar a la esposa del soldado, y la mujer se convirtió en residente legal.

   Pero la situación de los Jiménez en Massachusetts dio nombre y rostro a la angustia de un número creciente de familias de militares en condiciones similares, que no reciben el mismo tipo de atención. “Cada base tiene problemas de inmigración”, dijo Margaret Stock, reservista del ejército y abogada, quien imparte clases en la academia militar de West Point. “El gobierno por el que pelean es el mismo que trata de deportar a sus familias”.

   

Los reclutas responden. Las historias de estas familias muestran el alto costo de vivir en el punto donde convergen dos de los asuntos más controversiales en Estados Unidos: las políticas de inmigración y la guerra en Irak. “Si estoy dispuesto a morir por Estados Unidos, ¿por qué no se me permite estar con mi familia?”, preguntó cabo Eduardo González, cuya esposa llegó ilegalmente al país, desde Guatemala, cuando tenía 5 años. Actualmente, enfrenta un proceso de deportación.

   Quienes exigen un control más estricto de la inmigración consideran que dar la residencia a familiares de soldados sólo crearía un incentivo para que los inmigrantes se unieran a las fuerzas armadas para legalizar a los parientes indocumentados. Tampoco están a favor de soluciones para casos individuales como el de Yaderlin Jiménez. “A menos que se restablezca el orden en general, uno no puede ir despejando desórdenes como éste y pensando que logra algo”, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro para Estudios de Inmigración, con sede en Washington. “Esto es lo que ocurre cuando uno permite que 12 millones de personas vivan ilegalmente en su país. Van a casarse, tener empleos y familias, como todos, y uno acabará en este tipo de situación”.

   El gobierno estadounidense alienta a los inmigrantes a enlistarse en las fuerzas armadas, al agilizar sus solicitudes de ciudadanía, eliminar tarifas y facilitarles la presentación de documentos mientras prestan servicio fuera del país. Además, la oficina federal de aduanas y vigilancia fronteriza ha ordenado que los agentes suspendan la deportación de los inmigrantes que participan activamente en las fuerzas, en tanto no sean dados de baja.

   Desde los atentados del 11-S de 2001, 33.750 miembros de las fuerzas armadas han prestado juramento como ciudadanos. Y unos 35.000 poseedores de la tarjeta verde, que los acredita como inmigrantes legales aunque sin ciudadanía, prestan servicio en las fuerzas militares. Pero a medida que crece el número de inmigrantes que prestan servicio en filas, aumentan las probabilidades de que sus familias sean capturadas en operaciones contra la inmigración ilegal.

   Una mayor vigilancia ha derivado en un incremento de las detenciones de indocumentados que habían vivido en el país sin ser detectados. El Pentágono no respondió al pedido de comentarios sobre el trato que da a los familiares indocumentados de los soldados. Funcionarios del Departamento de Seguridad Interna dijeron que cada caso de inmigración se maneja de manera distinta.

   Los abogados de inmigrantes dicen que los indocumentados que son familiares cercanos de miembros de las fuerzas armadas no reciben consideraciones especiales, y que las autoridades federales les dan el mismo trato que a otras personas.



Sin excepciones. En junio, durante una audiencia de inmigración, Mildred González recibió un plazo de 60 días para abandonar el país voluntariamente. Tras saber que su esposo estaba a punto de ser emplazado de nuevo, el juez, quien fue militar, le otorgó una prórroga de un año.

   Eduardo González partió en julio, para su tercera misión en el golfo Pérsico, donde coordina un equipo de mecánicos de helicópteros en un portaaviones. Espera volver a tiempo para la audiencia de deportación de su esposa, prevista para junio de 2008. “La única forma en que puedo irme y cumplir mi trabajo es sabiendo que mi esposa y mi hijo están seguros y bien”, dijo.

   Los militares reconocen que la vida de los soldados puede generar tensión en sus familias, y que garantizar el bienestar de éstas es importante para mantener en alto la moral de las fuerzas. Junto con ayuda en varios aspectos, desde salud hasta la planificación de una mudanza, los militares proporcionan servicios legales gratuitos a los miembros de las fuerzas. Pero estos asesores no están capacitados en los vericuetos de la ley de inmigración.

Alex Jiménez está desaparecido en acción. Su esposa era una indocumentada.