Traslado de desaparecidos a Uruguay fue ordenado por la dictadura

Jorge Pailhé

Montevideo.- La cancillería uruguaya envió en 1976 una nota secreta y cifrada a su embajada en Buenos Aires para ordenarle que colaborara en los trasladados de connacionales detenidos en la Argentina, lo que prueba el compromiso de las autoridades con ese proceso irregular, reveló una fuente del caso.

La nota, fechada el 2 de junio de 1976, fue incorporada a la causa que investiga los traslados de al menos 40 ciudadanos uruguayos capturados en la Argentina en forma no oficial y enviados a su país por vía aérea y marítima para ser alojados en unidades castrenses, luego de haber sido vistos por testigos prisioneros en el pozo de Banfield, en el conurbano bonaerense.

Así lo afirmó en una entrevista Oscar López Goldaracena, representante de familiares de desaparecidos urugayos, quien indicó que el documento, identificado bajo el número 0194/24, ordenaba “proveer” al traslado de detenidos “si se tratare de personas legalmente requeridas por autoriedad competente del Uruguay”.

El letrado indicó que la nota autorizaba “la actuación de la embajada en los hechos de notoriedad”, referencia esta última, a su entender, a “los asesinatos en Buenos Aires de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz”, ocurridos el 20 de mayo de ese año.

“La nota es de principios de junio de 1976 y los dos primeros traslados aéreos que tenemos registrados fueron en julio y octubre de ese año, por lo que el efecto de la orden parece ser inmediato”, señaló.

Aparte de esos dos envíos aéreos, identificados en la causa judicial como “primer vuelo” y “segundo vuelo”, también se investiga al menos tres traslados más por diferente vía ocurridos en mayo, junio y octubre de 1978.

El abogado puntualizó que también obra en la causa un documento surgido de la embajada de Estados Unidos en Uruguay que recomendaba al gobierno de la dictadura “canjear” prisioneros con los países vecinos, lo que refuerza la hipótesis de que ciudadanos uruguayos fueron capturados en la Argentina y trasladados al país.

Destacó además que al momento del envío de la nota el canciller uruguayo era Juan Carlos Blanco; el presidente de facto, Juan María Bordaberry, y el jefe del ejército Gregorio Alvarez, luego sucesor de Bordaberry, por lo que los tres están procesados.

El destino de los uruguayos detenidos en la Argentina y trasladados a su país es investigado por la justicia uruguaya dado que, al haberse originado fuera del país, fue excluido por el presidente Tabaré Vázquez de la ley de caducidad dictada por el Parlamento a poco de reconquistada la democracia, en 1985.

Al respecto, el letrado indicó que desde distintos ámbitos -incluso muchos identificados con el gobernante Frente Amplio- se impulsa la nulidad de aquella ley, que fue aprobada “bajo la presión militar”.

“Es una ley contraria al derecho internacional y a los derechos humanos”, enfatizó López Goldaracena, quien explicó que en la investigación actual “se promueve denuncia contra todas aquellas autoridades cuya responsabilidad sea probada”.

“No dirigimos la denuncia a alguien en particular sino a todos en general bajo el cargo de haber cometido un crimen de lesa humanidad”.

“El año pasado se aprobó aquí la ley de genocidio y crímenes de lesa humanidad, que declara estos delitos como un crimen permanente; es decir que hasta tanto no aparezcan los restos de todas esas personas el delito se sigue cometiendo”, explicó.

A partir del avance de la causa comenzaron a realizarse excavaciones en la unidad militar de La Tablada, en Montevideo, y en la Brigada de Artillería Antiaérea, en Canelones, ya que por los diversos testimonios hay posibilidades de encontrar restos.

“Esa búsqueda comenzó la semana continuará a partir de mañana. El hallazgo de los restos demostraría que en Uruguay se instauró un plan criminal similar al de países vecinos”, conjeturó.

Explicó que los distintos movimientos que se realizaban para el traslado de los prisioneros fue reconstruido a partir de testimonios de sobrevivientes de uno y otro país, y que en algunos casos las capturas de uruguayos en la Argentina comprendieron a tres generaciones.

“Tenemos un caso de madre e hija detenidos en Buenos Aires. La hija tuvo una criatura en cautiverio y las tres fueron trasladadas a Uruguay, pero sólo la bebita logró sobrevivir”, narró. (Télam)