Una concesión nacida bajo sospecha

Vial 3 SA, concesionaria de la autopista Rosario-Buenos Aires, explota la traza desde hace casi cuatro años bajo la supervisión del Occovi, organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Planificación Federal.

   La concesión de la autopista se extiende a 205,39 kilómetros, entre Campana (provincia de Buenos Aires) y General Lagos (Santa Fe). Está incluida en el corredor Nº3, a cargo del grupo Decavial-Vialco, que administró la ruta atlántica bonaerense y estuvo en la mira de las autoridades de esa provincia por obras no realizadas.

   Paradójicamente, pese a las críticas a las privatizaciones de la década del 90, cinco de los seis corredores fueron adjudicados por el gobierno de Néstor Kirchner a empresas que ya estaban en el negocio y que, según admitieron desde la Casa Rosada, incumplieron con las inversiones fijadas por contrato.

   Sobre el rol del Occovi, en el 2004 el decreto 1.915 amplió sus capacidades, otorgándole facultades y obligaciones para contratar y ejecutar construcciones, trabajos o servicios con carácter de obra pública dentro de la jurisdicción comprendida en las concesiones.

   En otras palabras: el organismo trocó su papel original de controlador al de licitador de obra pública. Esta decisión también amplió los fondos que administra (presupuestarios o provenientes de los fondos fiduciarios).

   En su momento, diputados nacionales del ARI, a través de un pedido de informes, consideraron al Occovi “un excelente ejemplo de la retracción del Estado en el ejercicio del poder de policía, ya que el 96,5 por ciento de su presupuesto es destinado a la ejecución de obra pública”.

   También estimaron que el organismo “debe garantizar que las empresas concesionarias de los corredores viales bajo su órbita cumplan los compromisos de inversión”.