Un tema tabú que existe pero no se estudia

A la Defensoría del Pueblo llegan quejas de cursos y carreras no habilitadas

El pedagogo e investigador del IIPE-Unesco, con sede en Buenos Aires, Emilio Tenti Fanfani dice que no hay en el país un estudio similar al presentado en París, que analice el caso argentino en detalle. “Son de los temas tabúes”, define el educador para adelantar lo delicado que es hablar de la relación entre escuela y corrupción.

De todas maneras, y en forma generalizada, enumera los hechos que rompen con la ética y se han hecho públicos a través de los diarios, como el de algún directivo que se quedó “con un vuelto”, o la preferencia de algún ministerio por cierta editorial a la hora de comprar libros.

Además, y aunque no sean hechos de corrupción, Tenti Fanfani advierte sobre las acciones ineficientes que perjudican tanto como las de corrupción. El mal uso de los recursos públicos o la demora en la entrega de becas o de material didáctico son algunos de estos ejemplos.

Además de los medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe es otro de los espacios al que llegan las denuncias por hechos poco claros en la administración educativa. Viviana Della Siega, responsable del área educativa de este organismo, repasa algunas de las denuncias más frecuentes. Entre éstas figuran los cursos de educación no formal (por lo general son de capacitación en algún oficio o especialidad) que se promocionan con disposiciones sin vigencia y por tanto le quitan validez a la certificación ofrecida.

El tema parece menor si se lo compara con otros que se remiten, por ejemplo, a la creación de un bachillerato para adultos, abierto en Rosario con un permiso del Ministerio de Educación de La Rioja (en realidad extendido para la provincia de Córdoba y mal usado en Santa Fe) donde los alumnos pagaron, cursaron y luego no tuvieron su título.

Las quejas arribaron por primera vez en abril del 2001. La intervención de la Defensoría logró que a duras penas se reconocieran estas certificaciones.

Otro hecho que llegó a la Defensoría es el del Instituto Superior del Profesorado de Música de San Juan al 700, que no sólo no tiene habilitación ministerial para dictar clases, sino que en su momento el propio director fue denunciado por ser alumno y docente al mismo tiempo.

También nombra a los institutos que sí tienen permiso para enseñar, pero no habilitadas determinadas carreras.

Para Della Siega, es clave “el control estricto que pueda ejercer el Estado”. De hecho asegura que la insistencia de la Defensoría en los últimos años ha dado sus frutos y logrado llamar la atención en quienes se inscriben a un estudio (curso o carrera) para que pidan toda la reglamentación necesaria.

También comparte con Emilio Tenti Fanfani la idea de que la ineficacia y la lentitud en resolver los problemas educativos ocasionan similares lesiones a las escuelas que los hechos de corrupción.



Por el mundo

En la Argentina, el fenómeno de los “alumnos fantasma” (figuran en los registros, pero no en las aulas) es bien conocido. Del hecho se benefician particulares de escuelas públicas y privadas.

Pero al parecer, y siguiendo los datos aportados por el informe preparado del IIPE (Unesco), a este fenómeno autóctono se suman los “docentes fantasma”. El dato surge de una serie de encuestas que comparan los números que dan los docentes presentes físicamente en las escuelas y los que figuran inscriptos. Así, se determinó que, por ejemplo, en Honduras “los docentes fantasma representaban el 5 % de la nómina, en Papua Nueva Guinea el 15 % y en Uganda entre un 15 % y un 20 %”.

En otro extremo del mundo, la Red de Estudiantes contra la Corrupción realizó una encuesta de percepción sobre el fraude en los sistemas de enseñanza superior de Albania, Bulgaria, Croacia, la República de Moldavia y Serbia. “Más de la mitad de los estudiantes dijo que habían oído hablar de sobornos para obtener un título o aprobar un examen”.

Por otro lado, el Organismo Nacional Sueco de Enseñanza Superior detectó la existencia de profesionales y estudiantes que se promueven con diplomas falsos, a partir de la promoción de universidades ficticias que se publicitan por la red y aseguran pertenecer a instituciones suecas de enseñanza superior.

Otro hecho es el del municipio de Nueva York, que en el marco de una campaña contra la corrupción en la construcción de centros escolares estableció nuevos procedimientos para elegir proveedores. Si bien disminuyeron los casos de corrupción en las contrataciones, en el 2005 se reveló un escándalo en el que estaban implicados funcionarios del Organismo Público de Construcciones Escolares, que habían aceptado sobornos por varias decenas de miles de dólares.