"Volver a empezar", así se llama la propuesta de rehabilitación que integran profesionales de la educación, la salud y personal de la comisaría 12ª

Un proyecto educativo busca la reinserción social de los detenidos

La experiencia es inédita en el país y se desarrolla en una seccional de barrio Ludueña. Fue pensada para hacerle frente a la inseguridad

Marcela Isaías / La Capital

“¡Por fin no voy a salir en Policiales!”, dice Carlos antes de desplomarse en una vieja colchoneta enrollada que oficia de silla en la minúscula y calurosa aula de la comisaría 12ª. La frase le sale del alma y la dice en voz alta, como una expresión de deseo de verse reflejado públicamente de otra manera, al conocer que la nota se publicaría en el espacio educativo de un diario. Carlos es uno de los 22 internos de la comisaría ubicada en Pedro Lino Funes al 200 bis, en pleno barrio Ludueña, y que participa de una experiencia de reinserción social basada en la educación, inédita en el país.

Paulo Freire sostenía que “el compromiso es una palabra hueca, una abstracción, si no involucra la decisión lúcida y profunda de quien lo asume. Si no se diera en el marco de lo concreto”. Quizás con esa misma idea, un grupo de docentes, pedagogos sociales, una psicóloga, un sacerdote que dejó los hábitos y el comisario del barrio decidieron juntarse y pensar un proyecto que rompiera con el círculo conocido de la delincuencia.

¿Y cómo se concreta esta experiencia? Con clases de alfabetización, de oficios y con encuentros de reflexión diarios en el mismo penal de la 12ª. También con visitas a las familias de los internos. “En este acompañamiento se tienen en cuenta todas las dimensiones de la persona, también la religiosa. Se busca una escolarización que tienda a completar la EGB, para que los internos tengan un certificado oficial del cursado”, explica el equipo de profesionales.

“Perón decía que las grandes transformaciones se hacen con sangre o con tiempo, nosotros apostamos al tiempo,”, dice Ana María Cazzoli, pedagoga social y una de las referentes inmediatas de este proyecto que llaman “Volver a empezar”, para anticipar que es una aspiración a largo plazo.

Pero Ana María también es la directora de la Escuela Nº 1.027 de Ludueña, donde la pobreza y los problemas de marginación y violencia son cotidianos. “Muchos de los muchachos que ahora veo presos fueron mis alumnos”, dice con pesar y para traer de lleno un interrogante que golpea a la educación: “Me pregunto a diario qué hizo la escuela por estos chicos”.

En rigor, este equipo interdisciplinario para la resocialización de detenidos de la comisaría 12º de Rosario, tal como se lo conoce, comenzó en abril de este año diseñando una idea basada en la educación, la salud y la mirada pastoral. El 1º de noviembre pasado comenzó a concretarse trabajando con los internos del penal, con sus familias, en la inserción laboral del liberado, y con la policía.

Cada especialista toma una tarea distinta, que semanalmente es evaluada y vuelta a llevar a la práctica. Además de Ana María Cazzoli, al equipo lo integran Mónica Nardone (maestra alfabetizadora), Adriana Fuster (pedagoga social), Mariana Tozzo (psicóloga), Esteban Aguirre (maestro de oficios) y René Alcaraz o Renis como todos lo conocen, el ex sacerdote.

“Es una construcción contra reloj, porque hay jóvenes que van a salir y pronto. Y la sociedad no los espera ni los quiere recibir”, dicen desde el equipo como para pintar lo titánico de esta tarea, de la cual también depende en gran parte “el cambio de actitud que se logre en los detenidos”.

Pero el proyecto tiene su principal referente en el diálogo, en el encuentro. “Nos juntamos con la directora (Cazzoli) para pensar juntos este proyecto”, dice el comisario de la seccional 12ª de policía, Orlando Utrera.

Utrera asegura que “es preciso pensar cómo romper con el círculo de la delincuencia y que los detenidos conozcan otros valores”, y piensa que “la educación es una buena salida”.

Cuando se le pregunta cómo toma el personal policial de su comisaría esta experiencia, confiesa que no todos lo aceptan del mismo modo, pero que se ha logrado mayor comunicación. “Esto es un beneficio mutuo, para todos”, advierte el comisario mirando al futuro del proyecto. Ana María Cazzoli coincide con esta idea de beneficio mutuo al decir: “Por compromiso ético o por conveniencia, es necesario ayudar al liberado para que no vuelva a reincidir”.

Igual tanto el comisario como el equipo interdisciplinario se muestran con incertidumbre por el desenlace de esta experiencia. Es que el apoyo político para iniciarla la dio el ex secretario de Seguridad Comunitaria de la provincia, Fernando Rosúa, quien hace poco debió renunciar.

Todos rescatan la figura y compromiso del ex funcionario. Hasta los mismos presos de la comisaría 12ª lo citaron varias veces como alguien que los favorecía. Es más, Utrera recuerda que es también parte de este plan la remodelación del penal de su comisaría. Un dato que no es menor si se consideran las condiciones infrahumanas en las que habitan los internos, pero que ahora —sin Rosúa— no se conoce cómo seguirá.

El proyecto está financiado por la ONG “El señor de los milagros”, alcanza para pagar los honorarios de los profesionales que lo encaran, pero sólo por tres meses (el subsidio alcanza hasta enero próximo). Está claro que es clave y urgente para su continuidad lograr el apoyo político necesario.

El plan que proyecta buscarles un destino diferente al conocido a los liberados se inició con un simbólico acto en la comisaría 12ª: “Plantamos una semilla —recuerda Renis— de la que ahora queremos fortalecer sus raíces para seguir”. Más tarde, Daniel, uno de los detenidos, hablaría de oportunidades al decir: “Si alguien ya piensa que nosotros podemos cambiar, eso ya es importante”.

Aunque resulta difícil imaginarlo, 22 jóvenes y adultos intentan diseñar otro futuro.