Manos largas. En los últimos días recrudecieron las denuncias por maltratos policiales durante arrestos o dentro de comisarías

Apremios ilegales: de la aplicación sistemática a la tolerancia social

A pesar de las reiteradas denuncias, es escasa la sanción judicial para quienes aplican este tipo de prácticas

María Laura Cicerchia / La Capital

Un policía condenado por una gravísima golpiza a dos chicos vuelve a ser imputado en dos casos de maltrato. Un joven de 20 años denuncia que fue sometido a tormentos de la época medieval en una comisaría. Un ex agente debe indemnizar a un chico por balearlo en una pierna al resistir un arresto. La reiteración de episodios de castigo policial en los últimos días actualizó la discusión sobre el uso de la violencia por parte de los uniformados. Hechos que, lejos de ser esporádicos, forman parte de la rutina. La escasa sanción judicial de este fenómeno, la tolerancia social y la tendencia de algunos jueces a aplicar figuras penales más benignas se combinan para convertir a los apremios policiales en una práctica sistemática.

"El cachetazo está dentro de la normalidad. Si caés por un asunto pesado, te cuelgan. Te dejan toda la noche esposado. Aunque según las actas preventivas que realiza la policía, todos los detenidos se autolesionan o golpean la cabeza contra el patrullero", describió sin pestañear un abogado penal. Cachetazos, trompadas, culatazos y empujones forman parte del catálogo básico de agresiones que relatan los presos alojados en comisarías y reparticiones policiales de la provincia.

Los episodios de maltrato policial que trascendieron en las últimas dos semanas (ver aparte) hicieron visible un fenómeno más vasto que sus víctimas suelen callar por temor a represalias. Y que incluso está naturalizado dentro de la policía: cierto nivel de maltrato es considerado "normal".

Ese incremento de casos de violencia policial impulsó a los diputados del ARI a exigirle al Ejecutivo provincial cifras concretas sobre los casos de castigo físico a presos. "Se ha tornado tan frecuente que la mayoría de las personas detenidas lo narran como parte del folklore policial", plantearon. Las cifras permitirían echar luz sobre una práctica amparada en la ausencia de estadísticas o datos precisos. Sin contar la proporción de golpizas que no se revelan o la cantidad de denuncias falsas.

Pese a ese vacío estadístico, un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) sobre la tortura y el accionar policial precisa que "la situación de la provincia de Santa Fe reviste suma gravedad". De acuerdo con datos de la Dirección de Asuntos Internos consignados en ese reporte, entre 1999 y 2001 fueron procesados 400 policías por homicidios, apremios ilegales y privaciones ilegítimas de la libertad. "Lo más grave es que casi todos esos hombres están en actividad", cuestiona el Cels.

El estudio refleja una situación comprobable en los tribunales locales: la desproporción entre la cantidad de casos denunciados de maltrato policial y las condenas aplicadas por ese delito. Y cuestiona el hábito judicial de desdeñar denuncias, minimizar los casos de tortura o "calificar los hechos de violencia policial en tipos penales más leves y benignos que los que corresponden", con el consecuente efecto de impunidad para sus autores.

Otra práctica común en estos hechos es la descalificación de la víctima por parte de los uniformados implicados. Y, en este contexto, hay que remarcar que la policía cuenta con la atribución de confeccionar el acta y la investigación preventiva que da inicio a la mayoría de los expedientes judiciales.

"Es muy difícil determinar la frecuencia con que se repiten los casos de apremios ilegales porque se encuentran en una franja gris: muchos no se denuncian y otros se denuncian falsamente. Lo que los jueces pueden hacer frente a estos casos es trasladar al detenido a otro lugar de alojamiento y que lo vea un médico forense ya que el juez debe proteger la integridad física de esa persona", plantea la jueza penal Carina Lurati.

¿Cómo llegan los episodios de apremios ilegales a conocimiento de los jueces? Ante la ausencia de datos rigurosos, Lurati ensaya una ligera clasificación. Lo más usual, dice, es la llegada de presos visiblemente lastimados a los juzgados al momento de prestar declaración: "Lo que se hace en estos casos es enviar a la persona con el forense para que constate los golpes e iniciar de oficio la investigación. Son casos difíciles de probar porque no hay testigos, a menudo los presos no quieren hablar y a veces en su arresto interviene más de una repartición policial".

Las golpizas que sí suelen denunciarse son las de personas que recuperan la libertad al poco tiempo, por estar implicados en una causa menor o en averiguación de captura. "Las madres son también un vehículo de denuncia habitual. Otros familiares les dicen que su hijo está golpeado o enfermo y presentan una denuncia como un método para obtener información. A veces se trata de una enfermedad, a veces de un problema con otros internos y a veces de una golpiza policial que debe investigarse".

Ese resguardo judicial, no siempre presente, es un factor clave para debilitar el fenómeno del maltrato y las torturas. Así lo entiende el relator de las Naciones Unidas contra la tortura, Nigel Rodley: "Los jueces deben estar alerta ante la posibilidad de que acusados y testigos hayan podido ser sometidos a tortura u otra forma de maltrato".

La persistencia de los golpes proporcionados para obtener una confesión del imputado también encuentra su razón de ser en la facultad que tiene la policía de interrogar a los detenidos. "Lamentablemente, la confesión sigue siendo la madre de las pruebas por un resabio inquisitivo del sistema o por problemas en la investigación. La confesión policial debería dejar de existir. Es un vicio que viene de años", propone el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini.

En tanto, el juez de Instrucción Jorge Eldo Juárez cree que el apremio no se limita al maltrato físico o psicológico sino que también toma otras formas abusivas: "El apremio hoy se presenta en la privación de la libertad por la detención en sí misma, con fines extorsivos o sádicos. Lo que más se reitera es esta modalidad de detención irregular: el arresto por averiguación de antecedentes, que ya no existe. La ley cambió, pero la mentalidad policial no. La policía sigue llevando gente presa porque no le gusta la cara. En eso los jueces tenemos que tener una conducta de sumo celo y a su vez de docencia. Y también debemos asumir una responsabilidad como sociedad cuando reclamamos una policía más eficiente, porque la equivocación del gatillo fácil puede alcanzar a cualquiera".

Muchas denuncias apuntan a la violencia durante las detenciones.