Un extenso muestrario de abusos y vejaciones

Andrés Abramowski / La Capital

En los últimos días se conocieron varios casos de apremios ilegales o maltrato policial que, pese a su gravedad, no concitaron un gran estrépito social. Aquí se reseñan los hechos recientes y los casos más salientes de los que tuvieron difusión pública en los últimos años.

Ayer se divulgó un fallo de un tribunal extracontractual que condenó al Estado santafesino y al agente Ernesto Fabián Aguirre a indemnizar en 4.800 pesos a la familia de un chico que fue baleado en una pierna y sometido a una golpiza cuando intentó resistirse a un arresto, hace diez años y cuando era menor de edad.

El 22 de agosto pasado quedó detenido el cabo Antonio Rafael Flores, quien pese a estar condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos siguió en funciones. Había sido sentenciado 11 meses antes a cuatro años de prisión en suspenso por golpear a dos chicos de 12 y 15 años para que confesaran un robo inexistente. Ahora fue acusado de golpear a un grupo de adolescentes en la comisaría 11ª el mes de junio pasado. Y se descubrió que tenía otra causa en curso por apremios ilegales.

Cuatro días después, el 26 de agosto, un joven albañil de 20 años y sin antecedentes, denunció que en la comisaría 12ª lo tuvieron 13 horas encerrado en una celda, lo golpearon con palos y lo colgaron de las esposas porque protestó cuando los agentes se negaron a tomarle una denuncia. La policía dijo que el muchacho estaba borracho y que llegó golpeado a la seccional.

El 7 de abril, dos testigos de un violento intento de asalto a un policía terminaron presos durante 15 días acusados de ser los asaltantes. En este caso, además de soportar apremios y tortura psicológica, debieron enfrentar el hostigamiento de los otros presos.

El 20 diciembre de 2005 nueve menores alojados en el CAT denunciaron haber sufrido represión de las autoridades. Dos policías y un cabo de cuarto terminaron procesados por apremios ilegales y vejaciones luego de la presentación hecha por una ONG.

El 16 agosto de 2005, dos menores fueron arrestados en la comisaría 16ª acusados de haber robado una moto. Tras asegurar su inocencia, denunciaron que fueron golpeados por los policías al punto tal que uno de ellos debió ser operado por el estallido del bazo. La Justicia nunca pudo constatar siquiera la existencia del hecho por el que los detuvieron.

El 30 de junio de 2005, Luciano Juri denunció a policías del Comando Radioeléctrico y de la seccional 15ª por haber sido detenido dos veces sin motivo en 24 horas, ser sometido a apremios ilegales dentro de la comisaría y ser despojado del dinero que llevaba en su billetera.

En mayo de ese año, dos hermanos fueron detenidos en la comisaría 11ª, donde les inventaron una causa y los golpearon ferozmente. Seis policías terminaron imputados de apremios ilegales, privación ilegal de la libertad agravada, falsificación de documentación y encubrimiento.

Un año antes, el 9 de julio de 2004, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) presentó un informe en el que denunció tormentos a menores alojados en dos comisarías. Entre las acusaciones se relataron golpizas a chicos esposados, lastimados con cables de teléfono y mojados con agua fría.

El 2 de mayo de ese año, Sebastián Shmid fue detenido "sin explicaciones" y días más tarde denunció una brutal golpiza en la comisaría 18ª, tras la cual debieron extirparle un testículo. Seis policías fueron procesados algunos meses después.

Un proveedor de pollos denunció en enero de 2003 que fue apresado por agentes de la 25ª quienes primero intentaron coimearlo por no tener en condiciones su vehículo de reparto. Una vez dentro de esa comisaría, padeció una lluvia de insultos, amenazas, golpes de puños y puntapiés que lo desvanecieron mientras tenía sus muñecas esposadas en la espalda. Un cabo y un agente fueron detenidos.

Tres policías que revistaban en la seccional 5ª fueron procesados por detener ilegalmente al empleado judicial Gustavo Alfredo Ríos, en marzo de 2003, con la excusa de averiguar su identidad y sus antecedentes, maltratarlo física y psíquicamente y fraguar un sumario para acusarlo de un delito inexistente.

En noviembre de 2002, Mariano Garrido dijo que en la seccional 11ª dos policías lo golpearon salvajemente, incluso con un bate de béisbol, para que se haga cargo de un robo que no había cometido. Por ese hecho fueron procesados Francisco Gambacurta, por entonces jefe de la comisaría, y el agente Iagatti, quien había levantado a Garrido en la calle.

En febrero de 2001 el juez de Sentencia José María Casas presenció y denunció la golpiza a un detenido en la comisaría 10ª. Por el incidente, un policía que sigue trabajando fue condenado a un año de prisión en suspenso.