Fondos polémicos. El ex intendente no dudó en hablar de corrupción en la Municipalidad y embistió contra Hermes Binner

Cavallero apuntó a quienes cobraron contratos prohibidos

El Tigre detalló su denuncia y habló de incompatibilidades no permitidas por el BID ni por el estatuto municipal

Carlos Colombo / La Capital

Héctor Cavallero profundizó su denuncia contra la gestión municipal por los contratos realizados por el Servicio Público de la Vivienda (SPV) a partir de los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), coincidentes con los meses que duró la campaña electoral de 1999, cuando Hermes Binner fue reelecto al frente del Palacio de los Leones, y los firmados por el actual intendente, Miguel Lifschitz. Adelantó que hará la presentación ante la Justicia. "Las irregularidades son manifiestas, puesto que fueron contratadas personas que prestaban funciones en la Municipalidad, lo que está terminantemente prohibido por los estatutos del BID y el del empleado municipal", señaló Cavallero a La Capital.

"Hemos detectado todas estas irregularidades manifiestas y fácilmente verificables en la página web del BID, pudiendo sacar nombres, valor y tiempo del contrato y constatarlo con la web de la Municipalidad, donde se pudo chequear quiénes de estas personas son empleados o funcionarios", indicó Cavallero.

En ese sentido, aseguró que en el curso de la semana próxima, cuando concluya de confirmar todos los datos, hará "una presentación judicial para que se investiguen estas irregularidades".

Asimismo, se basó en la Auditoria General de la Nación (AGN), que "detectó el pago de contratos por adelantado (antes de su vencimiento), algo que también es manifiestamente irregular". La explicación que dio la Municipalidad, y que figura en la misma auditoría es la siguiente: "Las irregularidades observadas (por la AGN) derivó al momento de su detección por parte de este organismo (SPV) en la decisión de dar por concluida la contratación del entonces responsable de política financiera".

Para Cavallero esta explicación es "burda", ya que "en lugar de abrir un sumario administrativo sólo se limitaron a sacar al supuesto responsable de las irregularidades señaladas por la AGN".

En ese sentido, remarcó que "las irregularidades son manifiestas, puesto que fueron contratadas personas que prestaban funciones en la Municipalidad, lo que está terminantemente prohibido tanto por los estatutos del BID y el del empleado municipal". Y no dudó en agregar: "Esto tiene una sola calificación: corrupción".

En ese sentido, abundó: "Si vemos los meses y el año donde se realizaron casi todos los contratos más altos, entre julio y diciembre de 1999, corresponde a la misma época de la campaña para la reelección de Binner, que es el principal responsable, ya que como intendente es el presidente del SPV, juntamente con la directora en ese momento, la arquitecta Marisa García, y la coordinadora general del Programa Rosario Hábitat, arquitecta Adriana Salomón".


Cuatro por uno
Los contratos a los que se refiere, de 1999, corresponden al primer tramo del crédito del BID por un total de 2.316.378 dólares y puede verse que la mayoría de ellos fueron por 49.750 dólares (en algunos casos llegan a cuatro contratos a una misma persona), "ya que a partir de los 50 mil dólares hay que realizar procedimientos más estrictos para los cobros".

Para el actual jefe de la Casa de Santa Fe en Buenos Aires, estas particularidades "son de por sí extrañas, pero más si tenemos en cuenta que la suma de estos contratos insumió más de 2,3 millones de dólares -que deben ser pagados por todos los rosarinos- y fue erogada casi en su totalidad en la campaña de Binner". Luego puso un ejemplo: "De estas irregularidades, Adriana Stamatti, coordinadora de Servicios Urbanos del Distrito Oeste del municipio, cobró entre junio y septiembre de ese año 85.250 dólares".

En caso del segundo tramo del crédito del BID, "si bien la operatoria ha cambiado, las sospechas se mantienen. Existe en este caso una serie de contratos de menores montos, pero las irregularidades son otras".

Explicó que en ese caso, mientras el BID establece la incompatibilidad de que un personal municipal efectúe servicio de consultoría en forma privada para el mismo Estado, "una serie de empleados del propio SPV prestó servicios de asesoría".

Según Cavallero, este hecho, "de por sí irregular, se agrava cuando los involucrados no son sólo inspectores del SPV, sino que además la coordinadora del Plan Hábitat, la arquitecta Salomón, cobró 17.991 dólares por servicios de asesoría a través de la fantasmal ONG Pro Hábitat XXI, lo que fue objetado por la AGN".

Lo detectado por la AGN en su informe señala "varias irregularidades, como no presentar los informes de gestión previo a la facturación de servicios, cobrar antes de término y a través de personas no autorizadas", destacó el ex intendente, y agregó que "una serie de agentes de planta del municipio cobró como asesores del programa: María Inés Capón, Olinda Andrea Koch, Marcela Sayas, Patricia Tallano, Norberto Ferrari, Federico Zegna Rata, Viviana Angelozzi, Fernanda Bartolozzi, Lorena Dean, Nancy Montaldo o Daniel Fabián Gonzáles, inspector de arquitectura hospitalaria que, en ese entonces, secundaba a la esposa de Binner. También aparecen Jorge Gallino, coordinador general de Promoción Social, o Alicia Ciciliani, polifuncionaria del gabinete municipal".

Héctor Cavallero no dudó en señalar a Hermes Binner.