Sin extremismos. "No estamos pidiendo que se cierre la empresa", aclararon enfáticamente los amparistas

Piden que la Justicia interrumpa la actividad contaminante de Celulosa

Los vecinos de un barrio lindero a la planta de Capitán Bermúdez presentaron un amparo ambiental

Marcelo Abram / La Capital

Capitán Bermúdez.- Un grupo de vecinos de Capitán Bermúdez que vive en las cercanías de la papelera Celulosa Argentina de esta ciudad, presentó en los Tribunales de San Lorenzo un amparo ambiental mediante el cual solicitan que la Justicia arbitre todas las medidas necesarias para que la empresa "cese la actividad contaminante" que viene desarrollando.

El trámite fue llevado al Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y Laboral de la 1ª Nominación, a cargo de Gladis López, en el cual se le pide que adopte una serie de medidas cautelares. En ese sentido, en los medios tribunalicios vinculados a la causa trascendió que existe la firme posibilidad de que la magistrada haga lugar a los distintos puntos que contiene el texto, al mismo tiempo que no descartaron que la eventualidad de que podría comenzar a instrumentarlas en los próximos días.

El escrito fue presentado en el marco de la ley general de ambiente, que creó precisamente la figura jurídica del amparo ambiental, y también se basó en los artículos 41 y 43, incorporados en la Constitución nacional durante la reforma efectuada en 1994.

La presentación del recurso es la culminación de una larga etapa de trabajo, que se inició hace más de un año con motivo de un incidente que alarmó no sólo al vecindario sino también a localidades cercanas del cordón industrial, cuando por las emanaciones provenientes de la cuestionada planta industrial debieron evacuarse completamente dos escuelas bermudenses, un día que quedó grabado en la memoria colectiva del lugar porque aparte de la conmoción vivida numerosos alumnos y vecinos sufrieron distintos tipos de trastornos y tuvieron que recibir atención médica, aunque sin graves consecuencias.

A partir de ese episodio, los vecinos linderos se autoconvocaron y decidieron en conjunto recurrir a un estudio jurídico integrado por los abogados German Candini, Alejandro Echevarne y Florencio Fernández, quienes conformaron un cuerpo interdisciplinario de asesores externos entre los que figuran la arquitecta Mirtha Fuentes (representante de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) ante la Comisión de Ecología Municipal y miembro de honor del Instituto de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados) y Carlos Mussio (médico intensivista), con el objetivo de instrumentar la presentación.

  Entre los fundamentos del amparo se sostiene que el trámite resultó inevitable “a partir de la negativa incausada de la empresa papelera a exhibir ante la Justicia el certificado de aptitud ambiental, que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia extiende a quienes satisfacen los requisitos exigidos por la ley para funcionar en la actividad del rubro”.

Efectos psicofísicos
Más adelante se hace referencia al episodio del año anterior y se afirma que “como consecuencia de la permanente exposición al medio generado por Celulosa los vecinos padecen daños en su integridad psicofísica, tales como alteración en la epidermis, irritación en la conjuntiva de los ojos, intoxicación en hígado y riñones, alergias dérmicas y respiratorias, presencia de metal en sangre, cefaleas y desmayos”. Estas afirmaciones están acompañadas en el expediente por los certificados médicos correspondientes.

  Al explicar los distintos aspectos de la solicitud elevada a la magistrada, los vecinos amparistas se apresuraron en aclarar que “el cese de la actividad contaminante de la planta no implica el cierre de la empresa”, y que entre otras solicitaron a la Justicia es que se le pida a Celulosa el legajo completo de las habilitaciones, junto con el certificado de aptitud ambiental total o restringida, de acuerdo a lo que estipula la ley provincial sobre medio ambiente.

  En cuanto a los efectos que la actividad tiene sobre el aire se pide la contratación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a fin de que sea un organismo oficial el que determine el posible grado de contaminación que se produce y no una empresa privada, como ocurre en la actualidad. También se reclama que se repitan las auditarías ambientales y los monitoreos del aire fuera del predio de la planta y en distintos puntos de Capitán Bermúdez.

Plan de contingencia
Además, se plantea que la Justicia le exija a la empresa la presentación de un plan de contingencia, emergencias y evacuación para el caso de que se produzca algún siniestro de gran magnitud.

  “Hay que recordar que cuando se produjeron los escapes del año pasado en realidad la población afectada realizó su propia evacuación y que fueron personal de la Municipalidad bermudense y de las fuerzas de seguridad las que debieron organizar a la gente en medio de la conmoción generalizada, mientras la empresa adoptada la actitud de no decir nada sobre lo que estaba pasando”, sostuvo uno de los abogados patrocinantes.

La fotografía satelital muestra la espuma de los efluentes industriales.