Tráfico de drogas. Entrevista exclusiva con el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa

"Todo funcionario que conoce un delito y no lo denuncia viola la ley"

Para el titular de la cartera política, la jueza federal Laura Cosidoy cometió "un error garrafal" al sindicar en los medios a dos bares rosarinos donde se vendería droga. "Debió hacerlo en las instancias legales", dijo

Jorge Sansó de la Madrid / La Capital

"Todo funcionario público que conoce un delito tiene la obligación de denunciarlo, y si no lo hace comete una falta punible". Así se refirió ayer el ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, a la denuncia pública que hiciera la jueza federal Laura Inés Cosidoy el pasado fin de semana sobre la comercialización de estupefacientes en dos bares rosarinos. Las manifestaciones de la magistrada causaron un "profundo malestar además de sorpresa y asombro por haber sido realizadas en los medios periodísticos cuando sabe, por su calidad de funcionaria judicial, que tiene obligación como tal de hacerlas en las instancias y con los procedimientos que la ley establece", agregó el titular de la cartera política en una entrevista exclusiva que mantuvo ayer con La Capital. Rosúa también expresó que la sorpresa del gobierno santafesino se sustenta en "el derecho a preguntarnos qué motivación tiene una denuncia genérica a través de los medios de alguien que de esta manera esta generando un ataque a la institucionalidad y una suerte de violación de normas del estado de derecho que una jueza está obligada no sólo a respetar sino a aplicar".

-¿Usted dice que la jueza violó la ley?

-Todo funcionario público que conoce un delito tiene la obligación de denunciarlo y si no lo hace comete una falta punible. La denuncia periodística no es el camino que debe recorrer un funcionario judicial. Mucho menos una jueza y, menos aún, una jueza del fuero federal cuando lo que denuncia es materia de jurisdicción federal.

-La denuncia de la jueza federal no tiene nada de genérica como usted acaba de sostener. Ella señaló lugares específicos donde se consumiría y traficaría droga.

-Ese es otro problema. Primero señaló irregularidades genéricas de la policía de la provincia y a eso me estaba refiriendo. En cuanto a la individualización de dos locales en forma concreta hay que aclarar que todo lo relacionado a narcotráfico o drogas es de competencia de la Justicia federal y la policía provincial sólo actúa como auxiliar. Cuando la denuncia de la magistrada tomó estado público, agentes de la Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia concurrieron al juzgado federal en turno, a cargo del doctor Germán Sutter Schneider y le solicitaron las respectivas órdenes de allanamiento.

-En realidad, después de todo lo que se ventiló en los medios ¿esperaban encontrar algo?

-Es el procedimiento que la ley establece. Desde la mañana del sábado, cuando se conoce la denuncia, hasta la noche del lunes, no tuvimos ninguna respuesta. Mientras tanto nosotros recabamos la información pertinente. El martes a la mañana, al seguir sin respuestas, funcionarios de Drogas Peligrosas comparecieron ante el juez Sutter Schneider para reclamarle las órdenes de allanamiento. Pero el juez no las dio considerando que era necesario profundizar primero la investigación.

-Ante eso, ¿qué hicieron?

-Frente a la denuncia concreta procedimos conforme nos obliga la ley. Accionamos ante la Justicia federal para poner en marcha el procedimiento y ésta consideró que eran insuficientes los elementos acompañados y ordenó profundizar la investigación que es lo que está haciendo Drogas Peligrosas bajo la conducción, orientación y límites que fija el juez federal.

-¿Drogas Peligrosas no tenía ningún dato respecto de los lugares denunciados por la jueza?

-Nosotros no los tenemos. Aquí, hoy, no los tenemos.

-¿El gobierno piensa que la jueza Cosidoy está mintiendo?

-No sé. No quiero entrar en las subjetividades de la jueza. Quiero señalar que hay un ordenamiento legal que debe ser respetado por nosotros y por la Justicia federal de la que forma parte la doctora Cosidoy. No voy a entrar en otra polémica. Es más, le diría que tengo la propensión a pensar que actúa de buena fe cuando hace la denuncia. Ocurre que comete, como mínimo, un garrafal error. Por eso estamos sorprendidos y casi azorados porque se trata de alguien que tiene los resortes jurisdiccionales para proceder pero no lo hace optando por los medios de prensa. Si hay otra motivación yo no se cuál es ni quiero entrar a imaginarla.

-Ante la sociedad, la denuncia de la jueza no deja de tener cierto grado de verosimilitud. Ella no señala una panadería sino lugares de esparcimiento nocturno en los que el imaginario colectivo acostumbra a ubicar ese tipo de prácticas.

-Yo conozco esas situaciones que se dan en el imaginario popular pero ocurre que no estamos hablando de un comentarista sino de una jueza federal. En consecuencia, ella debió sujetarse a las normas legales y si en el imaginario popular generó un efecto nocivo es materia que también vamos a analizar.

-Reprocha usted a la magistrada no haber actuado conforme el procedimiento establecido, pero ¿no se trasunta de las declaraciones que no se le llevaría el apunte?

-No. Si ella pretende trasuntar eso, yo aumento mi sorpresa. Ella tiene los instrumentos y entre ellos otras fuerzas de seguridad al margen de la policía provincial: Prefectura, Gendarmería y la Policía Federal.

-El gobierno salió a responderle sin disimular su incomodidad o enojo, pero ¿han evaluado la denuncia más allá de lo formal?

-Ocurre que estamos hablando de materia penal y en un sistema de garantías y de estado de derecho, eso es insoslayable. El gobierno provincial tiene más inquietud que cualquiera acerca de esta problemática. Por eso estamos trabajando en materia de prevención con la Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico) que ha destacado como meritorias las medidas puestas en marcha en Santa Fe.

-Especialistas de esa secretaría nacional sostienen que se requiere necesariamente de ciertos niveles de impunidad para el desarrollo del narcotráfico. ¿No fue un juez federal del norte provincial el que no hace mucho admitió la posibilidad de pistas de aterrizaje clandestinas que permitirían el ingreso de drogas ilegales?

-Tenemos conciencia de que en un negocio como el narcotráfico suelen existir niveles de corrupción, sin ninguna duda. Pero cuando esos actos se descubren, actúan los organismos de contralor que no dependen de la propia policía que investiga. Pero, además, también es obligación de los jueces. La Justicia federal generalmente privilegia la investigación de los grandes actos de narcotráfico como proveedores de la mercadería. No nos podemos apartar de que las investigaciones las debe conducir la Justicia federal. Esto nos resta capacidad de acción. Nosotros no podemos hacer procedimiento, salvo que sea casual, con nuestra policía y sin consentimiento de los jueces federales. El narcotráfico es un delito federal.

-Exactamente, ¿qué hace la dirección provincial de Drogas Peligrosas?

-Tiene una sección operativa y una de inteligencia. Esta última pone en conocimiento del juzgado federal lo que descubre y desde allí se le dice si continúa o no. Sin autorización no puede seguir. Lo operativo es cuando el juez federal ordena un allanamiento o detención. No tiene iniciativa.

-¿Hablaron con la jueza Cosidoy?

-No. No hay inconveniente en hacerlo, tenemos los despachos abiertos y el diálogo siempre es posible.

Roberto Rosúa ratificó que la policía provincial es auxiliar de la Justicia federal.