EDITORIAL

Un alerta de la ONU

El consumo de drogas es un tema que viene preocupando a los estadistas desde mediados del siglo pasado, cuando al ritmo de los cambios culturales una generación comenzó a experimentar masivamente con distintos tipos de alcaloides y anfetaminas procurando hallar mayor capacidad creadora, de rendimiento o sólo por el placer que desataba. Como suele suceder con otros hábitos -el tabaco o el alcohol-, el uso irresponsable derivó en las adicciones y consecuentemente aparecieron las secuelas: millones de personas debieron pasar por largos períodos en clínicas para ser recuperadas.

Claro que, lejos de analizarse en profundidad el problema e implementarse medidas para atenuar el fenómeno, las naciones de los países centrales discurrieron mucho pero hicieron bastante poco. Acaso porque detrás existan grandes intereses económicos que sostienen estructuras muy cercanas a las políticas de Estado.

Lo cierto es que el consumo de drogas ilegales y el narcotráfico han crecido de manera alarmante en los primeros años del nuevo siglo. Precisamente, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), un organismo de las Naciones Unidas, advirtió hace unos días que se multiplicó por tres veces y media el consumo mundial de metadona, sustancia sintética derivada del opio, y a la par el intercambio postal y por Internet de drogas ilícitas.

El informe señala que crece la demanda de cocaína, cannabis y hachís en Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irlanda, Suiza y la República Checa. La heroína merece un párrafo especial: se estima que el consumo anual en Europa de este estupefaciente es de 170 toneladas provenientes de Afganistán. En cuanto a América del Sur, señala que no es un continente destinatario de las grandes producciones de drogas y destaca el hecho de que en la Argentina esté en vías de reglamentación la ley de control de precursores químicos.

El alerta de la ONU, fundamentalmente dirigido a las principales naciones de Occidente, expone de manera cruda las profundas contradicciones que existen en el seno de esas sociedades, así como de sus políticas sanitarias. Pero también es un llamado de atención para los países donde se produce o que sirven de tránsito para los estupefacientes. El tema desde luego es complejo, ya que tiene aristas económicas, sociales, psicosociales y jurídicas. Pero todos los países deberían comprometerse a trabajar en función de políticas que se establezcan desde la ONU. El único ámbito donde aún es posible hallar acuerdos para reducir los peligros y construir un mundo con mejores posibilidades para todos.