Editorial:

La provincia y la salida de Suez

El gobierno de Jorge Obeid parece negarse a ver el desafío que plantea la decisión del grupo francés Suez de dejar la concesión de Aguas Provinciales de Santa Fe en menos de dos meses. El peso de los hechos puede jugarle una mala pasada a las autoridades de la provincia si no toman conciencia rápidamente que los servicios sanitarios en 15 ciudades son los que están en riesgo.

"El gobierno no ha dado, bajo ningún aspecto, por rescindido el contrato", acaba de insistir el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly. Esas palabras no son más que la confirmación de la estrategia que Obeid y sus asesores comenzaron a desplegar desde diciembre de 2004: ir a fondo con decisiones de orden jurídico que apuntaban a poner en vigencia un contrato que demostró ser de cumplimiento imposible, aún a riesgo de que esa presión llevara al irremediable fin de la concesión.

Con ese paso, Obeid descartó la posibilidad de encarar una revisión integral del contrato para salvar una concesión que, si bien tuvo contratiempos, se diferenció claramente de la estatal Dipos en lo que hace a la calidad y a la capacidad de gestión del servicio. Los propios funcionarios obeidistas no se han cansado de decir que "el servicio es bueno" (Alberto Joaquín) y no dudaron en otorgarle "siete puntos" (Hammerly) a la tarea de Aguas.

Pero en vez de ver cómo podía sostenerse ese mejor servicio y buscar a la vez recursos para las nuevas inversiones que la propia concesión no puede aportar -los ingresos siguen congelados desde hace seis años-, el gobierno apostó a "doblarle el brazo" (Obeid dixit) a Suez para que cumpliera el contrato del año 1999. La consecuencia fue que Suez anunció su retiro de la concesión porque no vino a Santa Fe a perder plata, sino a prestar un servicio a cambio de una renta razonable.

Ahora se produce la segunda negación de la realidad por parte del gobierno: "Suez no se puede ir, el contrato no está rescindido" insisten una y otra vez Hammerly y Joaquín. La idea es forzar al operador privado a quedarse hasta tanto el gobierno decida qué hacer con el servicio. Suez no ha dado indicios de postergar el plazo que fijó para salir de la concesión, el 25 de noviembre. La pregunta que cae de maduro es ¿qué pasará con el servicio?

Así como los sucesivos gobiernos no pueden despegarse de lo que le ordenaron o le dejaron hacer a la concesionaria desde 1995 en adelante, tampoco el de Obeid puede mostrarse distraído a la hora de reconocer que el casi inevitable retorno de la empresa a manos del Estado, es el resultado de sus propias acciones. Por eso, encerrarse en la arquitectura jurídica para forzar la continuidad de Suez es algo así como pretender que un fallo judicial en contra de un divorcio pueda hacer que un matrimonio se salve.

Sería más razonable que Obeid y sus funcionarios asuman que la realidad es otra. Suez se va y hay que resolver cómo el Estado retomará la prestación de un servicio esencial para evitar sofocones de último momento. De lo contrario, los sofocones los sufrirán casi dos millones de santafesinos en la inminente temporada estival, cuando abran la canilla del agua potable.